Diciembre marcó el inicio de un nuevo episodio en la política argentina. En el contexto de los fuertes cambios políticos recientes, las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, generaron preocupación en el sector energético respecto al futuro de proyectos pendientes.
Los avances en la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra impulsada por la administración del ex presidente Alberto Fernández y considerada como “un hito trascendental para la soberanía energética de Argentina”, así como en la Reversión del Gasoducto Norte, esencial para el suministro energético de siete provincias del país de cara al próximo invierno, atraviesan momentos de incertidumbre.
Es que, tras su asunción, desde el Gobierno de Javier Milei aún no brindan definiciones respecto a lo que ocurrirá con los mencionados proyectos, que aún están inconclusos. En línea con las políticas que busca llevar adelante Caputo, fuentes del Ministerio de Infraestructura aseguraron a Infobae que “todo lo relacionado con el interés de las empresas será llevado a cabo por el sector privado” y que “aquello que cuente con financiamiento continuará, mientras que lo que no haya iniciado se relicitará bajo el esquema de iniciativa privada”.
Los planes para el Gasoducto Néstor Kirchner
En noviembre, Guillermo Ferraro, flamante ministro de Infraestructura, lanzó sus críticas hacia el GPNK. El funcionario hizo referencia a la utilidad que tiene la obra como inversión hecha por el sector público y pagado por fondos estatales, tras asegurar que “nadie que paga impuestos” utiliza ese ducto.
En respuesta, la anterior gestión de la Secretaría de Energía, liderada por Flavia Royón, cuestionó sus declaraciones: “El desarrollo en el sector se hace con un Estado presente. Sin el Estado no se garantiza la mejor calidad del servicio eléctrico ni las obras de infraestructura fundamentales. El gasoducto implica un ahorro en importaciones de gas licuado, que se sustituye por el de Vaca Muerta que es hasta seis veces más barato y genera más trabajo y crecimiento para la industria argentina”, dijo.
La obra adquirió impulso durante la gestión de Sergio Massa, ex ministro de Economía. El primer tramo del gasoducto, que se inauguró en julio de este año, abarca 573 kilómetros desde la localidad de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (provincia de Buenos Aires), atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa. Esta primera etapa fue financiada completamente con fondos públicos, y según informaron desde la gestión anterior de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), desde su puesta en marcha, la obra permitió que Argentina ahorrara USD 421 millones en importaciones.
El 27 de octubre pasado, las ex autoridades de ENARSA aprobaron el llamado a licitación para la compra de los caños de la segunda etapa del gasoducto. Esta etapa conectará más de 520 kilómetros de tuberías entre la localidad bonaerense de Salliqueló y San Jerónimo, en el sur de Santa Fe. “Cuando esté todo completo vamos a estar habilitados para comenzar a exportar un volumen considerable de gas tanto a Chile como también a Brasil y Uruguay”, había asegurado Royón, antecesora de Eduardo Rodríguez Chirillo, actual secretario de Energía.
A diferencia de la primera etapa, esta segunda recibirá aportes tanto de fondos públicos como privados. A fines de mayo de este año, el presidente de Brasil, Luis Inacio ‘Lula’ Da Silva, ratificó una de las principales inversiones durante su encuentro en Brasilia con el ex presidente Fernández. El interés en la licitación del tramo II del gasoducto recibió propuestas de Usiminas, la filial brasileña de Techint, con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), así como de otras tres empresas respaldadas por fondos de Arabia Saudita, China y Estados Unidos.
Sin embargo, el 19 de diciembre, Enarsa, que aún no ha designado a sus nuevas autoridades, pospuso por segunda vez la apertura de los sobres de la licitación, mediante la Circular Modificatoria N° 02/2023. El 28 de noviembre, la firma, bajo la dirección de Agustín Gerez en ese momento, modificó la fecha estableciendo el 20 de diciembre, en razón del cambio de gestión. Ahora, la nueva fecha para presentar las propuestas fue fijada para el 22 de enero.
El futuro energético de cinco provincias
Las obras pendientes del Gasoducto del Norte (GNK) avanzarían simultáneamente con otro objetivo prioritario para el Gobierno: la Reversión del Gasoducto Norte. La licitación de esta última fue iniciada por la gestión anterior de la compañía estatal Enarsa y cuenta con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). El propósito de esta obra es conectar la red de gasoductos de Vaca Muerta a las provincias de Tucumán, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, además de brindar la posibilidad de exportar hacia el norte de Chile, el centro de Brasil y Bolivia.
Según lo explicado por Infobae, los empresarios locales muestran gran preocupación ante la posibilidad de que la obra no continúe, dado su impacto crucial en el abastecimiento energético para el próximo invierno. Esto se debe a que a partir de julio, Bolivia podría no estar en condiciones de suministrar gas a Argentina.
Si bien la licitación lanzada por ENARSA recibió ofertas, no está adjudicada, por lo tanto, su desarrollo no comenzó. Según información de Más Energía, las ofertas vinieron de parte de las UTE Techint - Sacde y la empresa BTU, para la primera parte de la obra.
En la Resolución 704/2023 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) de esta semana, se anticipó que este proyecto será uno de los temas a tratar en la próxima audiencia pública.
La continuidad de las obras
Hasta el día de hoy, desde el Gobierno aún no pueden brindar definiciones respecto a cómo continuarán las mencionadas obras energéticas.
Al respecto, Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director de la consultora Paspartú, opinó que la Reversión del Gasoducto Norte será “híper necesaria en el invierno próximo”, mientras que expresó que la segunda etapa del GNK podría “entrar en un limbo”.
“No está claro aún cuál será el régimen contractual-concesional que se aplicará para que las obras de infraestructura energética dejen de implementarse por el sistema de obra pública y pasen a la iniciativa privada con financiamiento, ejecución y riesgo de los particulares constructores y repago de los usuarios residenciales e industriales”, dijo Carbajales a Infobae.
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