Pesca ilegal: fracasó el tratamiento de un proyecto de “trazabilidad pesquera” que busca detener la depredación en el Mar Argentino

En la última y maratónica sesión de la Cámara de Diputados, en que se sancionaron los cambios a la ley de alquileres sancionada en 2020 y se convirtió en ley la devolución del 21 del importe de la compra a aquellas realizadas con tarjeta de débito volviendo permanente el sistema de “Compre sin IVA” que hasta ahora el gobierno viene aplicando por vía de un decreto, hubo una iniciativa que no prosperó: el tratamiento de una “ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura”.

Tres miembros de la cámara, Graciela Camaño, peronista del bloque “Identidad Bonaerense”, Carlos Selva, del Frente de Todos, y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, en una rara confluencia interpartidaria, lograron hacer incluir entre los temas a ser tratados el proyecto de ley de “Trazabilidad de la Pesca”. Sin embargo, al momento de abordar la cuestión, cerca de 30 diputados del oficialismo se levantaron de sus bancas, impidiendo el quórum y el tratamiento de la iniciativa.

“Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”, publicó en un posteo en la red social X (ex Twitter) el Círculo de Políticas Ambientales.

El conservacionista marino Milko Schvartzman, que sigue el tema de la pesca ilegal desde una perspectiva internacional, interpretó la conducta de los legisladores oficialistas a la luz de la relación del gobierno argentino con China y escribió: “Pesca ilegal: China celebra que legisladores del gobierno kirchnerista en Argentina evitan votar ley de trazabilidad y transparencia en la pesca favoreciendo a las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

Y el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, subrayó que pese al consenso existente “y de la presencia de 154 diputados en el recinto, el kirchnerismo a último momento y de manera repentina hizo levantar a 30 diputados propios para hacer caer el quórum y no votar la ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura. ¿Habrá habido un llamado de la milla 201?, se preguntó, en referencia al modo en que es descripto el accionar de la numerosísima flota china que pesca en los bordes del Mar Argentino (hasta 200 millas de la costa), depredando esas aguas y afectando también los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva, e incluso incursionando ocasionalmente en la misma.

“Este dictamen busca rastrear el origen y trayecto de las capturas para evitar el ingreso de productos ilegales y no regulados a los mercados. Esto, sumado al desinterés del kirchnerismo por tratar la aprobación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para limitar las subvenciones a la pesca no hace más que demostrar su voluntad de entregar el Atlántico Sur a China”, escribió Ferraro.

El proyecto de ley de trazabilidad había tenido dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Baja, luego de un proceso en que, a lo largo de 2022, habían pasado ante la misma representantes del sector privado, gremios, la sociedad civil y funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Se arribó a un texto consensuado, definiendo las pautas necesarias para la creación de un Sistema de Trazabilidad que contemple toda la cadena de comercialización. La trazabilidad aporta transparencia a una actividad tan importante como la pesca, mejora la competitividad de nuestros productos, refuerza la seguridad sanitaria y protege el ambiente. Sumate a la campaña #SalvemosElMarArgentino”, informó entonces un grupo de diputados.

Consumo y exportaciones

El proyecto original fue elaborado por los diputados radicales Fabio Queglas (Buenos Aires) y Ximena García (Santa Fe) y apunta a dar garantías a los consumidores y mejorar el acceso a los mercados externos de los productos de la pesca argentina y no aplica la pesca en la “Milla 201″, sobre la cual la Argentina no tiene jurisdicción, explicó Quetglas. Pero en la medida que la trazabilidad de productos se extienda y generalice, le quitaría atractivo y rentabilidad a los productos de la pesca ilegal, de China o cualquier otro país.

En cualquier caso, está claro que el gobierno argentino no quiere ofender la sensibilidad de Beijing, con el que se apresta a acordar una nueva ampliación del uso del “canje de monedas” entre bancos centrales, para acceder a yuanes por el equivalente a USD 5.000 millones, de modo de reforzar las reservas del BCRA y tener algún poder de intervención en los mercados cambiarios ante la nueva escalada de los tipos de cambio financieros que llevaron el dólar blue por sobre los 1.000 pesos.

La ampliación del canje y el acceso a los yuanes adicionales, sin embargo, deben usarse principalmente para financiar importaciones desde China y equivalen a tres meses de compras argentinas al gigante asiático, que en agosto fueron de USD 1.678 millones.

En cuanto a cómo lidian los países sudamericanos con el problema de la pesca ilegal por parte de la flota china, un reciente artículo de The Economist precisó que 1.000 buques chinos (un tercio de su flota mundial) pescan a lo largo de todo el año en la región, unos 6 meses en el Pacífico y otros 6 meses en el Atlántico. Pero el artículo destaca que mientras Ecuador y Perú empezaron a combatirla con la colaboración de buques de vigilancia extranjeros y acciones en la Organización Mundial del Comercio, para eliminar los subsidios a la pesca, la Argentina y Uruguay no combaten la pesca ilegal. Según la revista británica, eso se debe a que el gobierno argentino ve en China “un aliado ideológico” y el uruguayo aspira a lograr un acuerdo de libre comercio con Beijing.