Se dispararon hasta 22% las acciones Burford Capital, el ganador de la demanda por YPF en EEUU

La jueza de Manhattan Loretta Preska emitió una orden a favor del accionista minoritario de la petrolera argentina, que enjuició al país por la estatización de la petrolera en 2012

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La oficina central de la compañía estatal argentina YPF en el barrio porteño de Puerto Madero.
La oficina central de la compañía estatal argentina YPF en el barrio porteño de Puerto Madero.

El Gobierno argentino sufrió una dura derrota legal este viernes, luego de que una jueza estadounidense falló en contra del país en una disputa con accionistas minoritarios de la petrolera YPF, derivada de la confiscación por parte de la nación en 2012 de una participación mayoritaria en la compañía de petróleo y gas.

La jueza de distrito de Manhattan, Loretta Preska, falló a favor de Burford Capital, que financió el litigio iniciado por los accionistas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management LP, quienes, según documentos judiciales, tenían derecho a un 70% y 75% de los daños, respectivamente.

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Las acciones Burford se dispararon al mediodía hasta 22% en Wall Street, inmediatamente después de conocido el fallo contra la Argentina. Cerca de las 16 horas redujeron la suba a un 15 por ciento.

Burford

Las acciones de la petrolera de control estatal, que llegaron a trepar cerca del 3% en Nueva York, en sintonía con el rebote generalizado de los títulos argentinos, pasaron a terreno negativo por la tarde, luego de que tomara estado público la decisión de Preska. El ADR de YPF cotizaba a USD 12,74, con una pérdida d 2,7% este viernes.

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Donde mayor impacto se observó fue en los bonos soberanos en dólares, ya que un eventual pago por parte del Estado nacional a los accionistas minoritarios de la empresa, que podría alcanzar los USD 16.000 millones, recaerá sobre las cuentas públicas y no sobre la contabilidad de la propia empresa.

Los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- borraron las subas marginales de 0,2% de la mañana, para pasar a pérdidas de 0,5% en promedio en Wall Street.

La vocera de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, afirmó que “el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.

El analista y asesor económico Manuel Adorni comentó que “estatizar YPF iba a salirnos gratis. Al final pagamos por el 51% unos USD 4.000 millones -con bonos que además pagaban intereses-. Nos acaban de condenar a pagar USD 16.000 millones más: la mala praxis de la estatización. YPF hoy vale 12.000 millones de dólares. El populismo es caro y lo pagamos todos”.

Chris Bogart, CEO de Burford
Chris Bogart, CEO de Burford

Si bien la letrada no fijó una cifra por la expropiación indebida de las acciones de YPF, optó por el peor escenario para la Argentina al decidir que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado.

En su decisión, la jueza de la corte de Manhattan le apuntó al ex ministro de Economía, Áxel Kicillof, quien encabezó el proceso de estatización en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

“Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir la ‘ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, indicó la jueza en la letra su sentencia.

Cabe recordar que Burford Capital exigía un resarcimiento de unos USD 16.000 millones mientras que el Estado argentino indicó que esa cifra era de 5.000 millones de dólares.

Con anterioridad, la jueza Preska ya había sido encontrado culpable a la Argentina de expropiar mal la petrolera a fines de marzo del corriente año. En esa oportunidad falló contra el Estado nacional en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF.

Luego de ocho años de litigio, determinó que el país -y no la empresa- debía pagar una indemnización en tanto los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.

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