Embargo misterioso: el Gobierno le pidió a la Justicia de EEUU que no le entregue bienes clasificados a sus acreedores

Como en una novela de misterio, la Argentina le pidió a la Justicia de Estados Unidos que destrabe el embargo de una serie de bienes que permanecen en secreto.

La orden del embargo fue otorgada por la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante los juicios de la Argentina en Nueva York. Ante la segunda instancia, los abogados que representan al país en EEUU, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, consideraron que esa decisión fue equivocada y le pidieron al tribunal de alzada que la reconsidere. La decisión de mantener estos bienes clasificados o en reserva depende de la voluntad de la magistrada.

En el medio, tal como destacó el experto en cuestiones financieras Sebastián Maril, no se sabe cuáles son esos activos por decisión conjunta del Gobierno y de los acreedores que demandaron al país y a quienes ya se les concedieron esos embargos.

Maril dijo a Infobae que “la Argentina dice que la jueza Preska se equivocó en ordenar el embargo de activos argentinos (confidenciales) para que los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, cobren un fallo por un total de USD 415 millones. Están embargado activos del Estado y no sabemos cuáles son”.

“La Argentina tiene muchos juicios dando vueltas, mucho ellos con fallo final ya. Estos son siete fondos que no están cobrando e iniciaron hace dos años un proceso de embargo; Preska aceptó el embargo, pero no sabemos qué están embargando porque ambas partes, con aprobación de Preska, aceptaron que los activos sean confidenciales por la sensibilidad de su origen”, indicó Maril.

“Ahora la Argentina apeló el fallo de Preska y presentó su primer documento en la apelación; falta que los fondos demandantes también hagan lo propio, que haya una audiencia y, después, que la corte de operaciones ratifique o no el fallo de Preska”, explicó el experto.

Se trata de unos USD 415 millones que “deben ser pagados con activos que no sabemos cuáles son. Argentina no está pagando porque no tiene los fondos obviamente o no quiere pagarlos”, indicó.

En el escrito, plagado de tachaduras para que no se sepa qué activos fueron embargados, los abogados de la República indicaron que “la República solicita respetuosamente que este Tribunal revoque y anule la Orden del 28 de marzo de 2023 del tribunal de distrito y todas las órdenes previas relacionadas, incluyendo la sentencia del tribunal de distrito del 15 de marzo de 2023, la Orden del 22 de agosto de 2022 y las Órdenes Preliminares”.

“Cada una de estas órdenes se dictó por error”, afirmaron los abogados de Cleary, encabezados por Carmine Bocuzzi.

“En primer lugar, ninguno de estos activos de la República fue utilizado para una actividad comercial en los Estados Unidos, como se requiere para el embargo (FSIA)”, expresó en el escrito de 55 páginas presentado ante el Segundo circuito de los tribunales federales de Manhattan.

El eje central de la defensa argentina frente a los embargos es que se trata de bienes protegidos por la ley de EEUU que no le permite a los acreedores apropiarse de activos que no tienen un uso comercial y que están bajo protección diplomática. Pero Preska consideró lo contrario y habrá que ver qué decisión se adopta en segunda instancia.

Maril detalló que los beneficiarios de sentencias finales y no apelables contra el Estado argentino que buscarán cobrar mediante embargos o presentaciones judiciales son: Attestor Master Value por USD 68 millones; Trinity Investments USD 163,4 millones; Bainbridge Fund por USD 93 millones; y Titan Corsortium por USD 325 millones.

Aunque en 2020 el Gobierno logró una amplia aceptación en el canje de la deuda en moneda extranjera que realizó con los bonistas, un grupo sigue sin aceptar quita alguna.

Por otra parte, los precios de los bonos soberanos surgidos de esa operación financiera dirigida por el ministro Martín Guzmán cotizan a un precio cercano al default y, pese a la baja carga de intereses del corto plazo, varios analistas consideran que en 2024 o 2025 el país deberá renegociar nuevamente con todos sus acreedores. Mientras tanto, la deuda pública asciende a USD 396.209 millones y, si se le sumaran los pasivos del Banco Central, llegaría a USD 439.805 millones, un 60% del PBI.

Según la oficina de presupuesto del Congreso, entre mayo y diciembre de 2023 se estiman pagos por el equivalente a USD74.104 millones, de los cuales USD19.518 millones son en moneda extranjera, precisó. La mayoría de la deuda en pesos, de todos modos, está indexada, o por inflación o por el dólar.

La Argentina entró en default a fines del 2001 con la explosión de la convertibilidad; en 2005 y 2010 se realizaron dos canjes que lograron una adhesión combinada del 93%, pero no logró salir de la cesación de pagos, que se profundizó en 2014 con la decisión del juez Thomas Griesa, convalidada por instancias superiores, de ordenar el pago total a los bonistas que no habían aceptado esas ofertas con quita. En 2016 el gobierno de Mauricio Macri logró salir de esa situación al negociar con la mayoría de los fondos buitre con un haircut cercano al 30%, pero quedó una minoría de acreedores que no aceptó ni esa propuesta ni la de Guzmán en 2020. La maldita herencia continúa.

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