Acuerdo con el FMI: el atraso en los pagos del Estado creció casi 90% en un mes y cerró marzo cerca del límite acordado

A pesar del crecimiento del déficit primario durante los primeros tres meses del año, el Gobierno registró al mismo tiempo un aumento considerable en la cantidad de deuda flotante, que suele ser una herramienta para evitar incrementos en el nivel de rojo fiscal. Los pagos atrasados sumaron en marzo más de 1,3 billones de pesos y terminaron el trimestre muy cerca del límite impuesto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo a los datos de la Tesorería, en el tercer mes del año el stock de deuda flotante creció casi 90% en comparación con febrero. El número fino al finalizar el primer trimestre del año es de 1,369 billones de pesos, mientras un mes antes había sido de $731.000 millones. Al analizar en detalle el dato se observa que los pagos atrasados que corresponden específicamente al 2023 -hay deuda flotante que pertecene a 2022- más que se duplicó, desde $555.000 millones hasta 1,223 billones de pesos.

Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.

Si bien no forma parte de las métricas vertebrales del acuerdo, el Fondo Monetario pone especial atención en el stock de deuda flotante, incluso establece metas mensurables de manera trimestral, aunque con niveles de condicionalidad más leves que la acumulación de reservas en el Banco Central, el tope al déficit primario y el límite a la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

Es, además, una de los pocos objetivos del acuerdo que permanecen de manera nominal estable a lo largo de las cuatro revisiones del año. La cifra de techo establecida para 2023 es de 1,177 billones de pesos al cierre de cada trimestre, equivalente -en el momento de diagramación del acuerdo- a 0,8% del PBI. Como se dijo, marzo terminó de acuerdo a datos de la Tesorería en 1,3 billones de pesos, pero la lectura sobre el cumplimiento de la meta no es lineal: por una parte, esa información incluye sectores de la administración pública que el FMI descarta en su cuenta y porque, además, el método de contabilidad del Fondo implica un promedio diario de todo el trimestre, no solo el número final de marzo.

También hay otro elemento que podría aliviar la presión sobre esa meta: por un lado, que como la nominalidad de la economía terminó por ser más alta de lo proyectado en el acuerdo (con un 60% de inflación esperada), los objetivos expresados en pesos deberían ser reajustados ahora que el FMI recalculó el IPC esperado a 88 por ciento. No está claro, por el momento, si la rediscusión profunda del programa económico que negocia en estos días el Ministerio de Economía incluirá, también, un cambio en los topes de deuda flotante.

El fin de semana continuó el ida y vuelta con el Fondo Monetario Internacional, que se inició el viernes con contactos de tipo técnico y solo con segundas líneas del Ministerio de Economía con presencia en Washington. El Palacio de Hacienda tiene como objetivo central en esta última renegociación que encaró una reconfiguración completa del esquema de metas condicionales, que además incluye, como hipótesis de máxima, la posibilidad de modificar el calendario de desembolsos previstos en el acuerdo, que prevé envíos trimestrales desde el FMI al Banco Central a cambio del cumplimiento de los objetivos de reservas, déficit y emisión monetaria.

Por lo pronto, Econviews considera que el incumplimiento en el tope de déficit fiscal (fue de casi $250.000 millones en el primer trimestre) no implicará un riesgo para el programa. “El waiver está garantizado y se viene una fuerte renegociación de las metas fiscales, cambiarias y de financiamiento monetario, donde el Fondo no mostrará demasiada reticencia”, mencionó.

Hacia adelante, esa consultora consideró que “la quita de subsidios a la energía eléctrica en mayo para los hogares de mayores ingresos (una suba de al menos 60% según estimaciones oficiales) permitiría morigerar este ítem del gasto. Pero probablemente la segmentación, de luz y gas, se quede corta para lograr una rebaja realmente significativa en los subsidios energéticos, en especial considerando la existencia de las ‘zonas frías’ con subsidio adicional -y que incluye regiones que distan de sufrir temperaturas extremas”. Según aseguraron a Infobae fuentes oficiales, entre el martes y el miércoles la Secretaría de Energía publicaría la normativa que hace oficial esos aumentos en las boletas de luz.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por su lado, mencionó que “la meta fiscal del segundo trimestre comienza ya muy comprometida. Sólo trayendo a valores actuales el segundo trimestre de 2022, el ajuste debería ser por un total de $700 mil millones. Si a eso se le suma una continuidad con el retroceso real de la recaudación la cifra debería ser mayor. En este sentido, consideramos que el escenario más probablemente es que el Gobierno y el FMI acuerden modificar las metas tanto en términos nominales, como reales”, apuntaron.

La consultora Analytica hace un seguimiento casi en tiempo real de la situación de las cuentas públicas y el gasto. Su último relevamiento es de la segunda semana de abril. “El gasto primario real cayó 4,7% respecto de igual semana de marzo, y 24,1% de un año atrás. Las transferencias a provincias tuvieron una variación interanual positiva después de 27 semanas. A su vez, el envío de fondos destinados a gastos de capital para las provincias fue de $9.178, un 51% superior en términos reales a la misma semana de 2022″.

Analizado por sectores: entre los que registraron una contracción del gasto estuvieron Asignaciones familiares y AUH (-61%), Bienes y servicios (-45,7%), Subsidios económicos (-26,5%), Obra pública (-22,5%) y Jubilaciones, pensiones y el PAMI (-10,2 por ciento). Entre los que tuvieron una expansión estuvieron las Transferencias a provincias (53%), Gasto en personal (13,4%) y Programas sociales (12,6 por ciento).

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