La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabeza un intento de profunda reforma del Reddito di cittadinanza (renta de ciudadanía), uno de los planes sociales más abarcativos del país que se ha transformado en blanco de su política desde su llegada al Gobierno.
“Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la Renta de Ciudadanía”, había dicho Meloni en su discurso programático ante el Parlamento italiano. Y su intención es cumplir con su promesa, aunque no dejará de encontrar resistencias.
Según publican los medios intalianos, la Renta de Ciudadanía no se suprimirá, pero habrá un mayor endurecimiento: se renovará por periodos cada vez más cortos y no será vitalicia, el cheque disminuirá a medida que pase el tiempo y quienes rechacen una sola oferta de trabajo la perderán para siempre.
Estos cambios resumen las novedades presentadas por el subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon (miembro de la Lega), en las que está trabajando el Gobierno y que fueron detalladas en una entrevista a Corriere della sera.
En la actualidad, los beneficiarios de la renta de ciudadanía pueden disponer del subsidio hasta que encuentren un empleo. Por lo tanto, la primera intervención real podría ser sobre la duración: ya no un subsidio ilimitado, sino con una duración máxima.
“La subvención no puede ser vitalicia”, dijo Durigon. “Hay que fijar un plazo más allá del cual no se puede ir, un poco como con el Naspi”, dijo en referencia al subsidio de desempleo que actualmente dura 18 meses.
Según Durigon, una vía razonable “prevé, tras los primeros 18 meses de Reddito, que podamos seguir como máximo otros dos años y medio, pero con un desplazamiento”, es decir, con un recorte progresivo del cheque.
La reforma propuesta por la Lega prevé que, transcurridos 18 meses, el beneficiario de la Renta de Ciudadanía que aún no haya encontrado trabajo sea suspendido y se inicie un curso de seis meses de políticas activas de empleo, que incluirá, por ejemplo, cursos de formación adaptados a su perfil y a las demandas de las empresas. En el caso de las políticas activas, se implicará más a las agencias privadas y se reforzarán los incentivos para quienes consigan colocar a los demandantes de empleo.
Durante estos seis meses, el beneficiario recibirá apoyo financiero a través del Fondo Social Europeo. Si tras la formación sigue sin incorporarse al mercado laboral, el beneficiario será suspendido durante seis meses, al término de los cuales podrá volver a solicitar la prestación, pero con un recorte del 25% del subsidio y una duración reducida de 12 meses. Durante el cual debe continuar la formación.
Si incluso después de este periodo el beneficiario no se incorpora al mercado laboral, se le suspenderá durante otros seis meses de la Renta, tras lo cual podrá solicitar la prestación por última vez, esta vez “sólo durante seis meses y por una cuantía recortada en otro 25%”. Es decir, se llevará la mitad de lo que se llevó al principio”.
“Pensamos”, dijo Durigon, “que el sistema ya no debe ser gestionado de forma centralizada sino sobre el terreno por los municipios, que conocen mejor las situaciones reales de pobreza”.
De este modo, se calcula que será posible ahorrar “cuando sea plenamente operativo, es decir, al final del proceso, al menos 3.000 millones” de euros sobre un gasto de unos 8.000 millones de euros al año. “Pero ya de entrada, con la suspensión y el recorte del 25% de la subvención, unos 1.200 millones de euros, sin contar el ahorro con los controles”.
Un dinero que, según Durigon, podría utilizarse “para reforzar las intervenciones hacia los verdaderos pobres y luego introducir la Cuota 41, es decir, la posibilidad de jubilarse tras 41 años de trabajo”.
Según análisis políticos locales, no será fácil poner en práctica el ajuste anunciado por la Primera Ministra, que asegura querer reformar la Renta “garantizando un subsidio digno a los que realmente no pueden trabajar y, en algunos casos, mejorándolo (pensemos en los discapacitados)”.
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