
Junto con la reducción y eliminación en muchos casos de los subsidios a la energía, vuelve a quedar en el centro del debate cuál es el nivel razonable que los hogares deben destinar de sus ingresos al pago de servicios. El archivo de los últimos 25 años muestra un historial algo volátil, acorde a las diferentes políticas públicas implementadas en materia tarifaria. Así, en el caso de la electricidad por caso, en los últimos dos años los hogares debieron destinar 18% menos de su presupuesto al pago del servicio de lo que destinaron durante el anterior proceso de ajuste de tarifas, entre 2016 y 2019. Sin embargo, ese gasto representa hoy una proporción de su ingreso 17% mayor a la que destinaron, en promedio, entre 2002 y 2015.
En términos más sencillos, durante los últimos dos años, congelamiento de tarifas mediante desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández, los hogares destinaron entre 0,8% y 1,6% de su ingreso mensual al pago de las boletas de luz, lo que equivale a un promedio de 1,2% desde enero de 2020.
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Ese mismo promedio se ubicó en 1,5% durante la gestión anterior, que encaró un fuerte proceso de ajuste de tarifas para reducir el gasto público en subsidios, aunque vale una aclaración fundamental: en el momento de mayor cobertura del costo del servicio por parte de los usuarios, los hogares llegaron a destinar un máximo de 2,25% de sus ingresos, porcentaje al que se llegó desde el 0,72% del salario que gastaban en los inicios del proceso de actualización y descongelamiento tarifario.

En sentido inverso, durante los doce años anteriores de congelamiento de tarifas el gasto máximo en relación al ingreso orientado al pago de la electricidad fue de 2,7% de los ingresos, en los inicios del congelamiento de tarifas, lo que era una proporción más alineada con el porcentaje histórico que se mantuvo durante estable durante los ‘90. Con el correr de la década, la combinación del atraso tarifario en relación a la inflación y a la actualización salarial hizo que el nivel de recursos del que tenían que disponer los usuarios para pagar la luz cayó a un mínimo de 0,14% de sus ingresos, lo que claramente cubría una mínima parte del costo real por lo que se engrosó, hasta niveles insostenibles, la cuenta de los subsidios energéticos.
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Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto Económico de la UADE (INECO), en los que se analiza la evolución del precio de la energía eléctrica para los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el cálculo se utilizó esto se utiliza como unidad de medida la relación entre una canasta de consumo mensual de 250 kWh y el salario promedio del sector privado registrado para cada período analizado.
“El objetivo es ilustrar las variaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo la porción del salario que un trabajador tuvo que destinar mensualmente al pago de dicha canasta”, explica el informe, en virtud del renovado debate sobre las tarifas que impusieron “los aumentos significativos previstos”, que comenzaron a aplicarse a mediados de septiembre e impactarán de lleno a partir de octubre.
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El estudio del INECO también tradujo a dólares la evolución del pago de tarifas, cálculo del que se desprende que el mínimo que pagaron los hogares por la energía eléctrica en los últimos dos años fue USD 10,50 cada 250 kWh, mientras que en el momento de mayor atraso tarifario los hogares destinaron apenas USD 2 para ese mismo nivel de consumo. En promedio, durante los últimos dos años, el costo abonado por los usuarios ascendió a USD 13, en comparación a los USD 18 en promedio que destinaron durante el período anterior y lejos también de los USD 6 en promedio que pagaron durante el extenso período de tarifas congeladas.
Finalmente, el INECO también realizó una comparación internacional de lo que resultó que la Argentina está entre los países de la región en los que más barata es, por ahora, la energía eléctrica. “De este informe se observa que en un ranking de 21 países de Latinoamérica, ordenado según el precio en dólares por kWh para consumo eléctrico, en orden ascendente, la Argentina se encuentra número 5, es decir, entre los países donde el precio de kWh para consumo hogareño es menor”.
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