La Aduana realizó un allanamiento en Chubut en el marco de una investigación iniciada a partir de un perfil con actividad sospechosa en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. El organismo de control se presentó en el domicilio del vendedor, que no pudo mostrar documentación que respaldara el legítimo ingreso de la mercadería al país.
La Aduana secuestró la mercadería. Según informaron a través de un comunicado, el valor de lo incautado —que incluía artículos para el minado de criptomonedas, kits de cámaras de seguridad y una amplia selección de filtros de heladera y de esterilización de agua— asciende a $10 millones.
El procedimiento fue realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, quienes inicialmente habían advertido actividad sospechosa en el perfil. Por lo tanto, para poder determinar la legitimidad de la actividad y el origen de los artículos, le requirieron a la plataforma de compra-venta tanto los datos del titular de la publicación como el intercambio de comunicaciones con sus potenciales clientes.
Con todo, concluyeron que la actividad era propia de una firma y que la residencia del vendedor —que estaba registrado como monotributista— no calificaba como local comercial.
Entonces, luego de realizar la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal de Esquel ordenó el allanamiento, que contó con la participación de la Aduana, la DGI y la Policía Federal Argentina. Finalmente, además de la mercadería sin la documentación correspondiente, también se secuestraron celulares, PCs y documentación de interés para la causa.
“Los términos y condiciones de nuestra plataforma prohíben expresamente a los usuarios ofrecer o vender productos que infrinjan las normativas aplicables. Es cada usuario vendedor quien debe asegurarse de ofrecer productos que cumplan con la ley”, explicaron desde Mercado Libre.
“Ante cada requerimiento de autoridad competente, colaboramos activamente proporcionando la información que se nos solicita, tanto de usuarios como de productos o servicios que se ofrecen en nuestra plataforma. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios, para que puedan encontrar productos seguros y confiables”, agregaron.
Sobrefacturación de “basura tecnológica”
Este jueves también se conoció que la Justicia federal procesó a un empresario por la presunta simulación en la importación de productos tecnológicos de escaso valor agregado, al declarar un valor de USD 1,5 millones cuando su valor de plaza era de USD 30.000.
La causa se inició por una denuncia de la Aduana y la jueza Mariel Borruto también procesó a su despachante por este delito, que se investiga en el contexto de una alta brecha cambiaria. La Aduana sostiene que se aprovechó el régimen especial de Tierra del Fuego para sobrefacturar la importación y acceder a los dólares en el mercado oficial, con el presunto perjuicio fiscal de USD 1,5 millones, que luego habrían sido girados a una cuenta de la empresa en el Estado de Delaware (Estados Unidos), de baja tributación y que no aporta datos al régimen de intercambio impositivo entre la Argentina y ese país.
Según explicaron fuentes de la Aduana, la mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Delaware, y habría sido constituida el 15 de mayo de 2020. Por eso, la Aduana le pidió información sobre esta sociedad al organismo de control del lavado de dinero de ese país (Fincen), a través de la justicia.
“Lo que llamó la atención de la Aduana fue que las facturas que amparaban las destinaciones tenían como fecha de emisión marzo de 2020. Es decir, más de dos años antes de las ‘supuestas importaciones’ e incluso dos meses antes de la creación de la propia empresa trader en Estados Unidos. Por tal motivo, estos paquetes entraron al ‘canal rojo’ y fueron exhaustivamente examinados”, agregaron.
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