
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a varias empresas de colectivos que circulan en el interior del país, denunció que el Estado Nacional les adeuda 17.820 millones de pesos en subsidios para el sector y advirtieron que si la situación no se soluciona “peligra el servicio”.
A través de un comunicado, la agrupación aseguró que “en 10 días deben pagarse sueldos”, por lo que las compañías deberían contar con más de $11.820 millones solamente para hacer frente a los compromisos salariales, pero a la fecha “la plata no está”.
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Además, remarcaron que las autoridades nacionales tampoco transfirieron otros 6.000 millones de pesos del Fondo Compensador, y agregaron que aún hay jurisdicciones a las que no se les han enviado la totalidad de esos aportes correspondientes a partidas del año 2021.
En este marco, FATAP anticipó que bajo estas circunstancias “el sector no podrá hacer frente a los compromisos y gastos necesarios para la continuidad de los servicios, por imposibilidad de afrontar los gastos operativos y salariales, que representan el 85% de los costos”.
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Asimismo, la federación destacó que sus reclamos sí fueron escuchados por “gobernadores, diputados y senadores de distintos bloques, quienes han entendido la gravedad” de lo que ocurre y han presentado “diez proyectos relativos al tema presentados en el Congreso Nacional”.
En efecto, este martes la Comisión de Transporte de la Cámara baja continuará con el debate de las iniciativas que buscan cambiar el sistema de reparto de los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior, mientras paralelamente se discute un aumento del boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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El presidente de esa comisión, el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti (UCR), explicó que en esta reunión se buscaría “avanzar en el análisis y aporte de cada uno” de los textos que se presentaron, “a efecto de poder unificar en un dictamen la importancia que tiene el tema”.
El conflicto surge a partir de que las provincias reprochan que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios y deja entre un 15% y 13% a repartir entre el resto de las jurisdicciones.
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“FATAP abriga la esperanza de que el trabajo de legisladores y funcionarios allane el camino para que los ciudadanos del interior del país encuentren equidad y se garantice el servicio en todo el país. De lo contrario, será imposible de evitar en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del País”, cerró el comunicado.
A mediados de mayo pasado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó un paro de 48 horas que interrumpió el servicio de corta y media distancia en el interior, como medida de fuerza para reclamar que los trabajadores del transporte de pasajeros del las provincias reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del AMBA.
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“Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de las discusión salarial”, remarcó el sindicato en ese momento.
Sin embargo, uno días más tarde el cese de actividades finalizó luego de que el gremio llegara a un acuerdo salarial con FATAP, que otorgó un aumento escalonado de los salarios desde abril, llevando el haber mínimo a $121.000, y concluirá en agosto, donde alcanzará los $150.000.
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