El Gobierno comenzó a “recalibrar” algunas de las proyecciones incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El contexto internacional de precios, que tuvo un impacto considerable sobre el escenario local, ya hace descartar al Poder Ejecutivo la pauta de suba de precios de 48% como techo que preveía el programa con el FMI. La expectativa oficial pasó a ser estabilizar el índice anual en torno al 50% y, en lo posible, evitar un salto por encima del 60 por ciento.
La inflación pasó a ser la principal preocupación del Gobierno nacional, superado ya el capítulo de la renegociación de la deuda. El diagnóstico de un despacho oficial es que el sendero económico que debería seguir el Poder Ejecutivo, sostenido en tres pilares –crecimiento, empleo y reducción de la desigualdad– pudo cumplir en 2021 los dos primeros aspectos, pero con un déficit en el último eje. La explicación, mencionan, es la persistente inflación que no permitió una recuperación marcada del poder de compra de los salarios, en especial en las familias en que el único empleo que genera ingresos es informal.
En ese marco, el Gobierno del Frente de Todos busca poner en marcha –con grados distintos de urgencia y alcance– distintas medidas para tratar de establecer un dique de contención a los precios. Sucede que el mes que está por terminar, según esperan en el equipo económico, registrará un índice mensual más alto que el 4,7% que marcó febrero, que de por sí era un número mensual alto en relación con el último tramo de 2021 y con enero.
En uno de los principales despachos de la política económica descartaban este martes que el Gobierno tenga algún as bajo la manga para tirar sobre la mesa, pero se moverán en un arco de medidas ya conocidas. En ese sentido, insistirán con las mesas de coordinación con gremios y empresas. En los próximos días podría haber un nuevo contacto con la CGT y la UIA como el que ensayó Alberto Fernández a comienzos de semana.
Descartada la posibilidad de reducir algunos puntos porcentuales el índice anual de precios, la mirada oficial cambió el cristal y empieza a ver como un objetivo deseable poder “estabilizar” el ritmo de suba de precios en un rango cercano al 50%, es decir, un empate técnico con el IPC anual de 2021. Es, de todas formas, un escenario optimista.
Tanto el FMI como el Gobierno saben que el nuevo escenario de commodities cambió las condiciones bajo las que se mueve el programa económico y reconocieron bien temprano que el acuerdo necesitará “recalibraciones”. Esa discusión comenzará a mediados de mayo, un mes antes de la fecha de la primera revisión trimestral técnica.
“Tenemos que tratar de estabilizar la inflación en torno a 50% y evitar irnos a un 60 o 65 por ciento”, reconoció una alta fuente del equipo económico. Si bien es una idea preliminar, en el Gobierno también aseguran que está en estudio algún refuerzo de los programas de asistencia alimentaria para mitigar el impacto de la aceleración de los alimentos en los hogares más pobres.
Es, además, una alternativa sugerida por el propio Fondo Monetario en su informe oficial difundido post aprobación del directorio: desalienta medidas que denomina “coercitivas” como un congelamiento de precios, la prohibición de exportaciones o una suba en los derechos de exportación, y pide que se privilegien este tipo de asistencias alimentarias especiales.
Por un lado, el Gobierno apuntará en lo sucesivo a afinar sintonía en mesas tripartitas pero, con más urgencia, a concretar medidas como el fideicomiso del trigo para bajar los precios de productos fabricados con harinas y la retracción de precios para 1.700 productos en los supermercados. “Algunos ya retrotrajeron”, se atajan desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Fue una buena charla, se mostraron dispuestos a acompañar”, dijo un alto funcionario. Los ejecutivos de la industria alimenticia, que eligen siempre hablar en off the record, en este caso abonan esa versión y reconocen que, a diferencia de las primeras charlas, más tensas, hubo un clima más distendido en las últimas horas.
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