La alerta es total y la reacción, por el momento, casi inexistente. El impacto del salto en el precio de las commodities, que tanto bendicen en el Gobierno y el Banco Central por el inesperado flujo de dólares que ya empezó a ingresar -el BCRA pudo ayer comprar USD 300 millones gracias a la fuerte liquidación del agro- empieza a pegar de lleno en el precio de los alimentos y, con mayor incidencia, en las zonas más vulnerables.
El próximo martes, el Indec dará a conocer el índice de inflación del mes pasado, que consultoras privadas ubican en torno al 4%, con un avance del precio de los alimentos por encima de ese registro en al menos un 1 punto porcentual. Pero un dato reciente advierte que la suba podría ser peor. Los precios de los alimentos básicos, que escapan a los controles oficiales en los comercios de cercanía de los barrios populares, anotaron un incremento de 9,8% en febrero.
Este indicador, que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), suele arrojar una cifra más alta que el dato oficial del Indec porque, precisamente, no promedia con los precios de los productos que integran la canasta de Precios Cuidados que se comercializan en las grandes superficies de venta. Es decir que no mide en los supermercados, donde la suba queda mitigada por las iniciativas de control, sino sólo en los pequeños y medianos comercios donde los programas que impulsa la Secretaría de Comercio, a cargo de Roberto Feletti, no llegan.
Este relevamiento, denominado Índice Barrial de Precios (IBP) hace el seguimiento de 57 productos de la canasta básica de alimentos en 650 comercios de cercanía, en 20 distritos del conurbano bonaerense. En términos generales, el IBP suele reflejar una diferencia de 30% respecto del dato que publica el instituto de estadísticas oficial días después, con lo cual el indicador oficial podría ubicarse entre 6% y 7% en la categoría alimentos y bebidas.
La medición del consultor Camilo Tiscornia coincide con este anticipo: “Alimentos y bebidas fue el rubro de mayor incremento, (más de 6%, con gran incidencia de verduras pero con aumentos importantes en la mayoría de los componentes”, asegura su último informe. De acuerdo al índice del ISECPCI, la suba de la carne, principalmente los cortes populares, superó 11% mientras que en los productos de almacén, con gran incidencia de la suba de la harina sobre el precio del pan y galletitas, el incremento es de 13% promedio.
Los datos son preocupantes en sí mismos pero el mayor alerta es que esos registros no capturan el pleno efecto de la fenomenal suba del trigo, que ayer cerró en USD 475 la tonelada y que ya provocó un aumento de 40% en la suba de la harina. En este contexto, Feletti insiste en su búsqueda de mecanismos para “desacoplar” el costo local de los alimentos de los precios internacionales. Conscientes de que el fideicomiso del trigo, un esquema de subsidios cruzados para la producción de harina y fideos, no revertirá la tendencia, la amenaza de una suba de las retenciones a través de la reedición de una propuesta de alícuotas móviles, vuelve a estar sobre la mesa.
De hecho, algunos analistas atribuían ayer el alto nivel de liquidación del campo a esa posibilidad. Sin embargo, desde el sector exportador descartaron esa hipótesis y aseguraron que el único factor que por estos días alienta el ingreso de divisas es la cotización récord de los granos.
“No hay por ahora ningún movimiento de especulación para anticipar registro de exportaciones porque el ministerio de Agricultura tiene un régimen de cupos de exportación desde el año pasado por lo que tiene amplio margen para regular los flujos. Lo que se ve es un efecto netamente de los precios”, aseguró una fuente del sector, quien relativizó el nerviosismo del campo por la recurrente amenaza de modificar o elevar el esquema de retenciones.
En el agro admiten que “la preocupación por las retenciones es permanente” pero confían en que hoy no están dadas las condiciones para que el Gobierno pueda avanzar en esa dirección. En principio porque, destacan, no existen las condiciones legales para que el Poder Ejecutivo firme un decreto para aumentar los derechos a la exportación, dado el vencimiento de la Ley de Solidaridad, amén de la falta de aprobación del Presupuesto.
“Deberían pasarlo por el Congreso, con muchas dudas para lograrlo en el contexto actual”, aseguró un hombre de referencia obligada entre los agroexportadores.
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