Más de la mitad del gasto previsional corresponde a regímenes jubilatorios especiales

La mera mención al sistema previsional en el borrador del acuerdo con el Fondo Monetario encendió ayer una nueva controversia que llevó al Presidente, Alberto Fernández, y también a su ministro de Economía, Martín Guzmán, a dar explicaciones respecto del alcance del compromiso. Se trata, afirmaron, de un análisis para modificar regímenes como el de los jueces o diplomáticos, sobre los que ya se avanzó en la reforma de 2020. Sin embargo, si bien los casos a los que se refirió son los de mayor visibilidad por su nivel de privilegios, los regímenes de excepción son más la regla que la excepción.

Así se desprende de un minucioso informe elaborado por el CIPPEC, a cargo del especialista Rafael Rofman, publicado el año pasado en el que se destaca que en la Argentina existen unos 3,7 millones de beneficios de regímenes de excepción, lo que equivale al 40% del total del total de beneficios jubilatorios pero con haberes que, en promedio, son un 85% superior al promedio del régimen general. De esta manera, los regímenes de excepción se llevan más de la mitad de los recursos, un 55%, del total del gasto en jubilaciones.

“Me parece bien prestar atención a los regímenes de excepción en nuestro sistema previsional. Los mencionados (Poder Judicial y Servicio Exterior) son muy visibles por lo inequitativo, pero irrelevantes desde lo fiscal. Entre ambos, gastan un 0,08% del PIB”, explicó ayer Rofman y agregó que enfocarse sólo en esos dos casos sólo impactaría en los nuevos beneficios, que en 2021 totalizaron apenas 203 beneficios. “Enfocarse en regímenes de excepción requiere pensar en los más de 177 esquemas existentes, incluyendo diferenciales, especiales, provinciales, de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y pensiones no contributivas”, opinó.

En el informe del Cippec, precisamente, se incluye un análisis de cada uno de los regímenes y se propone una modificación posible, en términos generales tendiente a la unificación de estos esquemas específicos en el sistema jubilatorio general.

Dentro de los regímenes especiales, las pensiones no contributivas son el más amplio, con 1,6 millones de beneficiarios, lo que representa 8,4% del gasto total. En total de beneficiarios, le siguen los regímenes de excepción provinciales, con 812.000 jubilados pero que insumen casi el doble que las pensiones, 19,8% del gasto total. El resto se reparte entre los sistemas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales, beneficiarios de zona austral, cajas profesionales, regímenes diferenciales y regímenes especiales del ANSES.

En esta última categoría, sobresalen los docentes no universitarios, unos 160.000 beneficiarios, sobre cuyo régimen especial el Presidente fue contundente al rechazar cualquier modificación. “No es el tema con los docentes”, aseguró Fernández.

Dentro de los regímenes de la Anses, la Policía y los Servicios Penitenciarios provinciales transferidos suman otros 50.000 haberes mientras que los trabajadores de Luz y Fuerza implican otras 20.000 jubilaciones.

La ANSES considera como regímenes especiales a aquellos que administra y que cuentan con reglas propias respecto al cálculo de haberes y su actualización. Con estas características, administra siete esquemas entre los que se cuentan, además de los mencionados, los investigadores científicos y tecnológicos, los trabajadores del Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio. además de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, ya modificados pero que se volvieron a poner en el centro de la escena ayer tras conocerse parte de la letra del acuerdo con el FMI.

“Se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, sostuvo ayer Guzmán en un posteo en redes sociales, tras asegurar que “no habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, prometió.

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