En marzo debería aplicarse el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que fue postergado en diciembre pasado. Estos impuestos impactan en los precios de las naftas y el gasoil y por ley tienen una actualización trimestral automática de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) que mide el Indec.
En el Gobierno aún no confirmaron si habrá o no una nueva postergación. Y si los aumentos se trasladarán a los precios o serán absorbidos por las compañías petroleras. El pasado 1º de febrero, los combustibles tuvieron un aumento del 9% luego de mantener los precios congelados durante 9 meses, desde mayo de 2021.
Con todo, las empresas petroleras aun no recibieron ninguna comunicación sobre qué pasará con la actualización que corresponde a marzo. Mientras que desde el sector de las estaciones de servicio estiman difícil que el impuesto vuelva a postergarse
Las actualizaciones correspondientes a los primeros tres trimestres de 2021 deberían haberse aplicado en los meses de junio, septiembre y diciembre del año pasado. Sin embargo, no se implementaron y el Gobierno las fue postergando. Según estimaciones del mercado, los impuestos actuales deberían incrementarse 37% para reflejar los valores que corresponden por ley.
“De acuerdo a lo previsto, a partir del próximo 1º de marzo debería aplicarse la actualización correspondiente al último trimestre de 2021, del 10%. Por lo que, para llevar los montos de los impuestos a los estipulados por ley deberían ser incrementados en 51%”, según un informe de la consultora Energy Consilium.
“De aplicarse este incremento, teniendo en cuenta el objetivo de reducción del déficit fiscal que se habría acordado con el FMI y el compromiso refrendado por el gobierno nacional en la COP26 en Glasgow para reducir los subsidios a los combustibles fósiles, el aumento en la recaudación fiscal ascendería a $13.000 millones corrientes mensuales, tomando de base el promedio mensual vendido de naftas y gasoil en 2021″, agregaron.
De acuerdo con el análisis de la consultora, el incremento de los impuestos para cumplir con lo establecido en la Ley 27.430 significaría un aumento de 7,1% en el precio del gasoil y de 9,6% en las naftas en la ciudad de Buenos Aires. Estos porcentajes corresponden al caso de que los impuestos internos se trasladen en su totalidad a los consumidores.
Los incrementos en los impuestos internos computados para realizar el cálculo fueron $7,3 por litro de combustible ($6,9 ajustado por biocombustible) para el gasoil y de $11,2 por litro ($9,9 ajustado por biocombustible) para la nafta. En el caso de que las petroleras absorban el incremento de los impuestos, la suba repercute en el precio de salida de refinería con caídas en el margen de refinación de la industria.
“Ante una situación de congelamiento de precios e incrementos de costos, los mismos deben ser absorbidos en su totalidad por la cadena de abastecimiento, repercutiendo negativamente en los incentivos a la producción y oferta del bien en cuestión, afectando principalmente a las petroleras integradas, como YPF y PAE, cuyos ingresos dependen exclusivamente de las ventas de combustibles y no tienen capacidad de ‘compartir’ con el productor de petróleo crudo un mayor nivel de impuestos en los combustibles”, explicó el informe de la consultora, que dirige el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.
“Las estaciones de servicio, cuyos ingresos son proporcionales al valor de venta de los productos que comercializan, vienen de un par de años muy difíciles, con ventas por debajo del nivel histórico como consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad implementadas para combatir la pandemia y aumento de costos, principalmente el laboral, muy por encima de la actualización del precio de los combustibles”, señalaron. “Su situación, si se aumentaran los precios por simple traslado del mayor impuesto, se vería aun más comprometida por la potencial merma en las ventas que dicha decisión acarrearía”, anticiparon.
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