En medio de la crisis eléctrica, Venezuela aprobó una reforma para abrir el sector energético a empresas extranjeras

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una reforma de la legislación eléctrica que habilita una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en un sector que lleva años marcado por apagones, fallas de suministro y un progresivo deterioro de sus instalaciones. La modificación busca atraer inversiones para recuperar la capacidad de generación y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados durante la segunda discusión parlamentaria, después de que el debate definitivo fuera postergado en tres ocasiones. La nueva normativa modifica parcialmente la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y establece condiciones para que compañías privadas puedan incorporarse a distintas actividades de la industria energética.

Uno de los cambios está relacionado con la generación de electricidad. Hasta ahora, el modelo venezolano se había caracterizado por un fuerte predominio estatal, pero la legislación actualizada contempla expresamente la intervención de operadores privados y empresas mixtas, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes.

También contempla la posibilidad de entregar concesiones a operadores particulares por períodos de hasta 25 años, una condición destinada a ofrecer un horizonte de largo plazo para quienes decidan financiar proyectos de infraestructura.

La apertura también alcanza la comercialización de energía. De esta manera, el nuevo esquema permite incorporar capital privado en distintas etapas del negocio eléctrico, aunque el Estado conserva una posición estratégica dentro del funcionamiento y la regulación del sistema.

El cambio llega después de años de dificultades para garantizar un suministro estable en Venezuela. Los cortes prolongados, las interrupciones imprevistas y las variaciones de voltaje se convirtieron en problemas recurrentes para hogares, comercios e industrias. Las deficiencias de la infraestructura y la insuficiencia de inversiones limitaron la capacidad de respuesta del sistema ante las necesidades de la población.

Durante este año, la situación se agravó por el aumento de la demanda de electricidad, que añadió presión sobre una red que ya presentaba importantes limitaciones operativas.

El deterioro del servicio también se inscribe en un contexto de cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos y la corrupción durante los años de predominio estatal. La nueva legislación intenta modificar las condiciones que hasta ahora habían restringido la llegada de nuevos operadores y de financiamiento para el sector.

La reforma eléctrica forma parte de una transformación más amplia de las reglas económicas venezolanas, especialmente en actividades consideradas estratégicas. El antecedente más importante es la modificación de la legislación petrolera promovida por Rodríguez a comienzos de año, que permitió ampliar la participación privada y extranjera en la industria de hidrocarburos.

Esa apertura ya comenzó a traducirse en contactos con grandes compañías internacionales. El lunes, ExxonMobil firmó un memorándum de entendimiento con el régimen venezolano para evaluar posibles proyectos de exploración y producción de petróleo.

El acuerdo representa un acercamiento entre la petrolera estadounidense y Venezuela después de casi dos décadas de distanciamiento. La compañía abandonó el país en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez impulsó la nacionalización de proyectos petroleros y exigió que las empresas extranjeras cedieran el control mayoritario de sus operaciones al Estado.

Rodríguez calificó la firma como un paso importante para recuperar la presencia de la compañía en el país. “Hoy es una firma muy importante”, expresó durante una transmisión televisiva, al destacar que el entendimiento era resultado de meses de conversaciones.

La presidenta interina también sostuvo que las condiciones para el regreso de la empresa debían ofrecer garantías a los inversores. “Esperamos que las inversiones de Exxon se estén dando en unas condiciones muy favorables (...) en un marco de seguridad jurídica muy importante para garantizar sus inversiones”, afirmó.

Por su parte, Dan Ammann, presidente de ExxonMobil, señaló que la combinación de las capacidades de la compañía con los recursos energéticos venezolanos podía generar beneficios para los participantes del proyecto.

La nueva apertura se desarrolla bajo presión de la administración de Donald Trump, que desde la captura de Nicolás Maduro en enero promueve el regreso de inversiones estadounidenses a Venezuela. El mandatario había instado a las principales petroleras de su país a participar en la recuperación de la industria.

Sin embargo, la propuesta encontró inicialmente reservas entre los ejecutivos del sector. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, había advertido que la recuperación petrolera venezolana requería cambios profundos en las condiciones políticas y económicas.

La reforma eléctrica se suma ahora a ese proceso de modificaciones legales, con el desafío de conseguir capitales para un servicio esencial que acumula años de deficiencias y necesita inversiones de largo plazo.