
La litigiosidad laboral está menos difundida con respecto a la prepandemia, pero mantiene su intensidad, condicionando el clima de negocios y el desempeño normal de la actividad productiva, de acuerdo a un informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP). En ese marco, el estudio indicó que una pyme recibe un juicio laboral en contra cada 10 empleados.
“La litigiosidad laboral es hoy menor que en el pasado a pesar de que se mantiene su nivel de intensidad con tres demandas por empresa entre las pyme manufactureras y dos en el sector de software y servicios informáticos (SSI)”, destacó el estudio.
En tanto, indicó que las causales de litigio son: indemnización por despidos y accidentes y enfermedades. En la industria de servicios informáticos son también importantes las demandas por diferencias salariales.
“La difusión de la litigiosidad laboral se redujo en los últimos cuatro años, pandemia mediante, pero la intensidad se mantuvo. La proporción de empresas afectadas se redujo en un 40% (pymes manufactureras pasaron de 34% involucradas en demandas laborales en 2017 a 20% en 2021, mientras que en pymes de servicios informáticos pasaron del 21% al 13%), pero la cantidad de litigios por empresa, en promedio, persiste, con tres para manufacturas y dos para servicios avanzados”, detalló el informe.
En tanto, indicó que el efecto es diferencial por tamaño de empresas. En ese sentido, hubo más demandas entre las empresas manufactureras medianas (51 a 250 ocupados) y menos entre las pequeñas (10 a 50 ocupados).

No obstante, en términos de dimensión media de cada segmento (cantidad media de ocupados), las compañías medianas enfrentan una demanda cada 20 ocupados, mientras que las pequeñas una cada 10.
De acuerdo a la Fundación Observatorio PyME (FOP), la dinámica de acuerdos entre las firmas y su personal, o el sindicato que los representa, dimensiona la conflictividad o el mutuo entendimiento, así como la difusión de demandas laborales describe la situación de litigiosidad.
Durante la pandemia, las investigaciones de FOP revelaron una intensa dinámica de acuerdos laborales para un 40% de las empresas micro, pequeñas y medianas, con diferencias por tamaño, sector y región. Aproximadamente un cuarto de estas firmas, a mediados de junio de 2020, contaba con acuerdos homologados ante la autoridad laboral como mecanismo de ajuste ante el impacto de la pandemia.

No obstante, más de un cuarto de las mipymes que intentaron acordar no lo había logrado y casi la mitad lo había conseguido, pero aún sin homologar ante el Ministerio de Trabajo, destacó el estudio.
Se componía así un 31% de las empresas de hasta 800 ocupados de diferentes actividades, dimensiones y localización, con algún tipo de riesgo de conflicto laboral.
Las más afectadas resultaban las empresas de menor dimensión (particularmente, entre 10 y 50 ocupados) y del sector de la construcción (45%), seguido por la industria manufacturera (34%).
Según FOP, un 60% de las pymes mantenían condiciones laborales sin necesidad de concertar condiciones especiales frente a la crisis pandémica.
Respecto a la situación del 13% sin acuerdos, aun habiéndolo intentado, y del 18% que acordó posiblemente sin homologarlo, el informe remarcó que una potencial consecuencia serían desvinculaciones y demandas que llegarían a la Justicia laboral, con un posible impacto en mayores costos, mayor carga laboral del resto del personal y desincentivo a la contratación de nuevos trabajadores, según declaran las empresas.
El mencionado efecto de la difusión de litigios entre las pyme fue relevado a mediados de 2017 y luego en el mes de octubre de 2021. Se preguntó a las empresas manufactureras y de software y servicios informáticos (SSI), a través de la Encuesta Coyuntural de FOP, si contaban con demandas tanto directas como indirectas (es decir, demandas laborales efectuadas en forma directa a la empresa o habiendo recibido ésta una citación por encontrarse indirectamente vinculada, como juicios a ART, responsabilidad solidaria, entre otras).
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