
El Gobierno impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020 pero que por sus efectos en los precios que pagan los inquilinos y en el mercado inmobiliario es considerada como un “fracaso”. El nuevo proyecto comenzará a analizarse en breve, tal como adelantó Sergio Massa esta semana durante el acto por el Día de la Construcción.
“En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.
La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
“Tenemos que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le de certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país”, agregó Massa.

Según adelantó a Infobae la diputada Marcela Passo, que será una de las impulsoras del nuevo proyecto, los puntos clave a modificar son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.
“Estamos analizando un nuevo proyecto. La Ley de Alquileres impulsada por Mauricio Macri fracasó porque hoy no hay certezas ni para los inquilinos ni para los propietarios. Pero es una ley que también salió por amplio consenso así que no queremos imponer un proyecto si no que vamos a sentarnos con todas las partes. Los plazos y las actualizaciones de los contratos son los puntos que generan más incertidumbre y son parte del trabajo que se viene”, señaló Passo.
“Pero la idea es revisar toda la ley en su conjunto con mucha precaución. También vamos a impulsar el proyecto de créditos para la vivienda propia con cuotas actualizadas por el índice de variación de salarios. Que también tiene la voluntad de incentivar las inversiones en ladrillos, que generan más oferta y en el mientras tanto activa el sector de la construcción, que es el que más rápido generó empleo”, agregó la diputada por el Frente de Todos.
Desde el sector inmobiliario recibieron la novedad con entusiasmo. “Es bueno que el tema esté nuevamente en la agenda. El problema existe y a raíz de la aplicación de la Ley de Alquileres un alto porcentaje de las propiedades en alquiler se retiraron del mercado. Además, ahora con la vuelta del turismo extranjero muchas que se destinaban a vivienda se van a destinar a turismo”, dijo Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmnobiliaria Argentina (CIA).

“Nosotros veníamos pidiendo que haya un índice de actualización alternativo para los alquileres, que puede ser Coeficiente de Variación Salarial (CVS). O que se pueda hacer a través de un pacto entre las partes. Tampoco se puede tener un plazo de un año para actualizar en un contexto de alta inflación. Pero hay que analizarlo bien en una mesa donde se convoque a todas las partes”, aseguró Bennazar. Y destacó que los aportes que hizo el sector durante el debate de la ley vigente no fueron tenidos en cuenta.
Desde el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) coincidieron en que la iniciativa de una nueva ley es positiva. “Siempre sostuvimos que la Ley de Alquileres estaba destinada al fracaso y efectivamente ha sido una desgracia para el sector. Durante los meses de campaña muchos dirigentes, tanto de la oposición como del propio oficialismo habían reconocido la necesidad de modificar la norma, con lo cual estábamos esperanzados de que, más temprano que tarde, el tema sería debatido en el Congreso Nacional”, explicó Marta Liotto, presidente de Cucicba.
El colegio se había reunido con el Gabinete de Asesores de Sergio Massa a fines de setiembre. “En ese momento nos indicaron que se retomaría el tratamiento de los cambios luego de las elecciones, con lo cual entendemos que es un cumplimiento de esa promesa. De nuestra parte, la intención es que se modifiquen los artículos que indican el plazo de la locación y la forma de indexación. Es decir, volver a los 24 meses de contrato y libre acuerdo en el ajuste semestral”, detalló Liotto.
Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señalaron que derogar la ley de alquileres supondría volver atrás en derechos adquiridos para la población inquilina: estabilidad de tres años, claridad sobre qué parte debe pagar cada gasto del contrato y durante el alquiler. “Algunos aspectos de la ley pueden mejorarse. Pero el debate actual le atribuye problemas que en realidad tienen que ver con la falta de control en su implementación. Sin controles y sin protección, los inquilinos enfrentan un mercado marcadamente asimétrico, donde deben aceptar condiciones imposibles de cumplir cada vez para más hogares”, expresaron.
La derogación de los artículos más cuestionados de la Ley de Alquileres también fue una de las promesas de campaña de María Eugenia Vidal, diputada electa por la ciudad de Buenos Aires. Antes de las elecciones legislativas, en un evento organizado por Cucicba, confirmó su propuesta para que el Congreso avance en la modificación de la Ley de Alquileres.
Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, 8 de cada 10 propietarios consideran que la Ley de Alquileres los perjudicó: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.
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