Muchas dudas y preocupación entre los empresarios por el proyecto del Gobierno para controlar más al sector privado

Muchos analizan el tema y hacen foco en las enormes dudas que genera. Están quienes primero quieren ver los detalles del proyecto –cómo será el debate legislativo y quiénes lo impulsarán– y quienes ya están enojados porque, más allá de la letra chica de la iniciativa, no dudan de la voluntad del Gobierno de Alberto Fernández de sumar injerencia sobre el sector privado y generar más tensión con los hombres y mujeres de negocios. Como sea, casi nadie tomó como positiva la noticia.

Ayer el Gobierno anunció un proyecto de ley para crear Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas. Fue una sorpresa para el sector privado, que puertas adentro analiza con abogados y especialistas la idea oficial.

La primera reacción oficial fue de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa, a la que calificaron como “desafortunada”. “Tal como está planteada, resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada”, explicaron en un comunicado.

“En circunstancias como las actuales, en las que las firmas hacen sus mayores esfuerzos por superar una severa crisis producto de la pandemia y de las restricciones asociadas –que las bienvenidas medidas oficiales de asistencia que oportunamente se dispusieron no pudieron compensar en su totalidad– y de un estancamiento económico de más de una década, el proyecto resulta particularmente desafortunado”, detallaron.

La CAC puntualizó sus dudas en aspectos del proyecto, como el hecho de que “los integrantes del comité por la parte trabajadora sean determinados por el sindicato y exclusivamente entre los delegados gremiales; que en caso de no acuerdo las decisiones –que debieran fundarse en argumentos técnicos–se diriman por sorteo; y que se permita acceso a los delegados a información que podría resultar sensible para la empresa”.

La Cámara dijo que la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, “lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión”.

La iniciativa, que presentaron ayer Fernández y la CGT, ingresó hoy al Congreso. El Gobierno asegura que el proyecto sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los trabajadores. En las empresas que tengan más de 100 trabajadores será obligatorio contar con estos Comités. Además, deberán contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.

El tema fue una sorpresa para el sector privado, que analiza con abogados y especialistas el tema. Por ahora, lo dicho: más dudas que certezas. “Sí, pero el olfato y la experiencia indican que esto no será realmente para mejorará las cosas, al contrario”, dijo el CEO de una multinacional que pidió anonimato hasta que las cosas estén más claras.

“Es un proyecto nuevo que la UIA está analizando para ver el impacto que tendrá. Debemos ser cautelosos con el análisis y con sus consecuencias”, aseguró Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. “En el caso nuestro, en la Provincia, ya tenemos una ley, la 14.408, que establece los comités mixtos para las empresas de más de 50 trabajadores. O sea que, ya funciona el esquema a través de esta ley”, destacó.

Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, está de acuerdo en discutir una cuestión que genera debate en todo el mundo, pero creen que se debería analizar cada sector en particular. “Hay que prevenir y cuidar la vida en el trabajo. En líneas generales, es un paso positivo, pero hay que trabajar mucho en la implementación porque tiene que ser algo que sirva estrictamente para ayudar y que no termine convirtiéndose en un tapón para no generar empleo y subir los costos. Eso es lo que menos necesitamos en la Argentina de hoy”, dijo.

“Es una reglamentación de la OIT y muchos países ya la aplicaron. En Uruguay se implementó bien, por ejemplo, pero hay que analizar la verticalidad de su aplicación. En nuestro caso, no se puede armar un comité en una obra con 5 empleados por más que la empresa tenga 100 en total. Otras industrias suelen estar más concentradas, pero la construcción es especial. Estamos en medio de un proceso electoral y la política se mete en todo, pero este es un tema estructural que se discute a nivel global”, agregó.

Ejecutivos de dos empresas grandes con los que habló Infobae coinciden en el clima de dudas que generó el anunció. “Muchas compañías ya tenemos estos sistemas en nuestros convenios colectivos de trabajo. Si la empresa tiene buen vínculo con el gremio, todo bien; si no lo tiene, puede ser una forma de ‘apriete’, tanto en empresas grandes como no tanto. Es una idea que puede ser buena –hay que verla aún–, pero está mal presentada: si fuera en pos de una mejora para todos tendría que haber estado todas las partes y el sector empresario no estuvo”, detalló uno de ellos.

“El diálogo ya existe, el mensaje no es el proyecto sino la interlocución: hay sindicatos con los que se habla y otros que solo quieren complicar las cosas. Si se mejoran los procesos está bien, si para manejar la empresa habrá que pedirle permiso al gremio será un problema grande. Muchas compañías del sector automotriz están bien con SMATA, por ejemplo, y sin necesidad de este proyecto”, destacó el otro ejecutivo de una empresa extranjera de más de 5.000 empleados.

La palabra del Gobierno

En Casa Rosada niegan cualquier intento de injerencia o presión al sector privad. “No hay ningún artículo que se pueda interpretar que aumenta la injerencia estatal. Es un proyecto similar o más avanzado a otros que ya tienen vigencia en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, que son dos de las más industrializadas del país”, mencionó hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Además, el jefe de la cartera laboral afirmó que el proyecto abarcará a las empresas “de más de 100 trabajadores” y que las comisiones mixtas de evaluación estarán compuestas “con los mismos delegados sindicales y con paridad de género” y que tendrán como misión “tratar temas de prevención de daños, salud y seguridad en el trabajo. No hay ningún artículo que hable de la injerencia estatal”, concluyó.

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