
El Gobierno estima que podría arrancar durante la primera parte del 2022 con la implementación del esquema de segmentación de tarifas que prometió en los últimos meses para hacer más eficiente el uso de subsidios económicos.
Ese sistema buscará distinguir y diferenciar a los hogares de acuerdo a su nivel de consumo y de situación socioeconómica para estipular coberturas distintas para el precio final de los servicios públicos a través de subvenciones. La implementación inicial tendría lugar a principios del año próximo, aseguró ante Infobae una alta fuente oficial.
“Estamos terminando de definir cómo será la gran base de datos que estará incluido el sistema de segmentación y un andamiaje jurídico para ponerlo en marcha”, mencionó el funcionario del área energética, que está involucrado directamente en la elaboración de la ese esquema.
La segmentación tarifaria es una promesa de larga data en el Gobierno nacional, que se propuso instalar un sistema de distinción de usuarios de servicios públicos para reducir el costo de la cuenta presupuestaria de subsidios. Este año la dirección de la política tarifaria fue una fuente de tensión dentro del Frente de Todos, entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Federico Basualdo, que responde políticamente a Cristina Kirchner.
El Gobierno definirá en el Presupuesto que ingresará este miércoles al Congreso cuál será el fondeo que dará el Tesoro a los subsidios económicos, lo que perfilará además qué magnitud de reajustes de tarifas debería tener lugar en 2022 para cumplir con esa premisa.

“Estamos trabajando en un uso inteligente de subsidios, no queremos plantearlo en términos de más o menos fondos en relación con el PBI, esta es una discusión cualitativa, no cuantitativa”, insistió la fuente oficial.
Según adelantó este miércoles el secretario de Energía Darío Martínez, el esquema de segmentación aparecerá en el texto de ley del Presupuesto 2022 que será publicado hoy, pero a manera de “indicación” de política pública energética, sin mayores detalles.
“Es un objetivo que nosotros tenemos presente, lo vamos a trabajar y entendemos que el año que viene va a estar presente. Es un trabajo de todo el Estado en su conjunto y estamos conformando la mejor herramienta posible”, explicó el secretario tras el acto de presentación del proyecto de promoción de producción de hidrocarburos, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán.
La idea de establecer un esquema de segmentación ronda los despachos oficiales desde el inicio del mandato del Presidente. El intento fallido de renuncia de Basualdo, incluso, estuvo argumentado cerca de Guzmán como una represalia a no haber avanzado en forma relevante con esa tarea.
En público, también, Darío Martínez llegó a dar algunos indicios de qué criterios utilizaría la Secretaría de Energía para poner en marcha esa segmentación. Una primera aproximación estuvo ligada al nivel socioeconómico de los usuarios de servicios públicos. La idea central, aunque luego no hubo detalles sobre cómo se avanzaría operativa y jurídicamente sobre el tema, era evitar que la población bajo la línea de la pobreza pague aumentos, que solo quedarían circunscriptos a la población con mayores ingresos.
Incluso se llegó a especular que uno de los criterios estaría vinculado a la residencia, al patrimonio y hasta al consumo con tarjetas de crédito. Esas ideas, así planteadas, no prosperaron. El Ejecutivo se guarda bajo siete llaves la determinación final, pero ya asegura que las primeras pruebas de segmentación tendrán lugar en los próximos meses.
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