Tras el resultado electoral del domingo, la gestión económica quedó inevitablemente bajo la lupa. El primer análisis más obvio es que la inyección de dinero en la economía de los últimos tres meses, orientada en gran medida a sectores medios, no alcanzó para revertir los estragos para el bolsillo que significaron las severas restricciones a la actividad económica por la pandemia durante 2020 y la aceleración de los precios durante el primer semestre de 2021. Tras obtener, en esos primeros meses de este año, un inédito equilibrio fiscal, el Gobierno apuntó su estrategia electoral a recomponer el poder adquisitivo y estimular el consumo de las capas medias. A la luz de los resultados de las PASO, esos esfuerzos no fueron suficientes.
En términos del titular de Economía, Martín Guzmán, que alguna vez explicó que en la Argentina “los subsidios energéticos son pro-ricos”, hubo una batería de medidas “pro-ricos” que se implementaron per no rindieron los frutos esperados a la hora de contar los votos. Tal como advirtió el ministro, alguna de ellas implicó una administración poco eficiente de los recursos, incluso en términos electorales.
El ejemplo por excelencia es el brindado por el propio Guzmán con los subsidios a la energía. Hasta agosto, el virtual congelamiento de tarifas acumuló un costo de USD 6.000 millones, una cifra que se encamina a los USD 10.000 millones hacia fin de año, según las proyecciones del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Esa cifra duplica el monto de vencimientos a pagar este al Fondo Monetario, aunque no es sólo esa la cuenta que apuntaba hace meses el ministro. Esencialmente, el mayor costo fiscal de mantener congeladas las tarifas se concentra en los subsidios a los hogares de mayores recursos, para los que el beneficio de no pagar el precio de mercado es menor en términos relativos a sus ingresos. E insume recursos que dejan de estar disponibles para otras políticas. “Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios, cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquellos que más necesitan”, predicaba Guzmán en mayo. Fue durante su presentación en el Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Su planteo, está a la vista, fue desoído.
Un mes más tarde de esa definición, el Gobierno avanzaba en la reducción del impuesto a las Ganancias con la suba del mínimo no imponible, un guiño al sector más protegido del mercado laboral. La medida, hasta ahora, significa un costo de unos $60.000 millones, monto que podría incrementarse si en las próximas semanas se aprueba una nueva suba del piso para pagar el impuesto, esta vez a los $180.000 de salario bruto. Sin embargo, al menos hasta ahora, el gesto no parece haber inclinado la balanza a favor del oficialismo
Tampoco el relanzamiento del Ahora 12, cuya última versión incluye un plan de hasta 30 cuotas para comprar productos de línea blanca como lavarropas, heladeras y lavavajillas. El programa se complementa con otras políticas de fuertes subsidios a consumos de clase media y media alta, como las ofertas de la tienda del Banco Nación, que permite comprar celulares de alta gama como un Iphone último modelo en 18 cuotas fijas con 21% de interés anual. Estas iniciativas, sin embargo, ven restringido su impacto ya que las entidades financieras privadas comenzaron a restringir los montos disponibles para el pago en cuotas, en virtud del deterioro en la regularidad de sus carteras. Tal vez por eso, si bien las últimas cifras oficiales al menos del Ahora 12 indican un crecimiento de las operaciones, tampoco este incentivo parece haber redundado en un mejor resultado electoral.
Lo mismo cabe para el relanzamiento del Plan Pre Viaje, que subsidia 50% del costo de los consumos en turismo dentro del país para la temporada de verano, lo incluye los pasajes aéreos de la ya subsidiada Aerolíneas Argentinas, en la que el Estado argentina gastará este año unos USD 500 millones.
En un contexto de 42% de la población bajo la línea de pobreza, es probable que se discuta en las próximas horas la reorientación de esos recursos. Aunque tal vez sea más probable que quienes miran los resultados electorales desde el gobierno lo único que quieran hacer con los subsidios es reforzarlos.
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