La Mesa de Enlace vislumbra un mayor conflicto con el Gobierno si siguen las restricciones a las exportaciones de carne

Los dirigentes de las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace se volverán a ver las caras el mismo día que vence la vigencia del actual sistema de cuotificación de las exportaciones de carne vacuna. El próximo martes en la Sociedad Rural de Santa Fe compartirán un almuerzo con el gobernador provincial, Omar Perotti, ante una iniciativa que surgió desde la Sociedad Rural Argentina que en esa jornada realizará un encuentro de su Comisión Directiva.

Si bien hasta el momento no hay precisiones sobre la decisión que adoptará el Gobierno a partir del vencimiento de la actual normativa, los dirigentes advierten que habrá un escenario de mayor conflictividad con la administración de Alberto Fernández, si finalmente se decide avanzar con el cepo a las exportaciones de la carne vacuna. Es por eso que para evitar dicho escenario, intensificaron por estas horas los contactos con los gobernadores, especialmente los que están ubicados en la región central del país, para que pidan a los funcionarios la liberación de las exportaciones y adviertan sobre los efectos negativos del cepo.

“Lamentablemente si el Gobierno no revierte la medida habrá un mayor conflicto, que también se propagará a otras actividades, ya que el actual cepo afecta a toda la cadena cárnica. Debemos expresar el malestar sumando otras alternativas de protesta, pero además con una mayor presencia nuestra en el interior para participar de reuniones con productores y tomando contacto con todos los precandidatos para las elecciones, para conocer cuál es la propuesta que tienen para el campo”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en diálogo con Infobae, quien pidió al presidente Alberto Fernández que cumpla con su palabra cuando se comprometió a eliminar las restricciones, en el caso que se estabilice o baje el precio de la carne al consumidor, algo que sucedió en julio pasado.

Sobre la decisión que adoptaría el Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar el actual sistema de cuotificación de exportaciones o también una modificación del porcentaje. Al respecto, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, señaló que “ambas alternativas impactarían de manera negativa en los productores y el resto de la cadena, y más tarde o más temprano nos llevará seguramente a alguna acción gremial porque el descontento es generalizado. Estamos expectantes, pero con pocas esperanzas de que cambie el actual mecanismo de exportación de carne y recibiendo el malestar de las bases”, manifestó el dirigente federado.

En sintonía con la visión de Nicolás Pino y Carlos Achetoni, opinó el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker. “No quiero imaginar lo que puede llegar a suceder si se prorrogara el actual sistema de cuotificación de las exportaciones. Seguramente vamos a entrar en un espiral de conflicto agravado, porque hace falta que exista una chispita para que se derive en una reacción que está solicitando un sector del campo para manifestar de manera contundente el descontento. En el caso que el Gobierno insista con este tipo de políticas, lo hará seguramente desde una perspectiva electoralista y buscando transmitir un mensaje hacia su núcleo duro, porque ya sabe perfectamente que la medida es un fracaso”, señaló.

Si bien los dirigentes proyectan un agravamiento del enfrentamiento con la administración de Alberto Fernández, por el momento no mencionan la posibilidad del inicio de una medida de fuerza. No se ha logrado el consenso con los productores autoconvocados para avanzar con un cese de comercialización. Pero desde la Mesa de Enlace adelantan que si no se eliminan las medidas actuales para la cadena cárnica, no se descarta el inicio de Asambleas de productores para definir las acciones gremiales.

En el seno de los autoconvocados, días atrás, analizaban la posibilidad de realizar una protesta después de las elecciones primarias. Emitieron un documento expresando su disconformidad con la prórroga del cepo a las exportaciones de carne, pero también por la permanente asfixia impositiva a la producción agrícola, las trabas permanentes a las economías regionales y aquello que atraviesa a todas las producciones, que es el desdoblamiento cambiario, la falta de mano de obra y la crisis hídrica.

Hay que recordar que la normativa vigente permite exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020. Además hasta el próximo 31 de diciembre está prohibida la exportación de los siguientes cortes: media res, cuartos con huesos y 7 cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío). El Gobierno impulsa, desde mayo pasado dichas medidas con el objetivo de bajar el precio de la carne al consumidor, algo que hasta el momento no consiguió, ya que aumentó un 6% en mayo y un 7% en junio, y que pese a la baja del precio de la hacienda en el Mercado de Liniers, el precio bajó tan solamente un 1% en julio pasado.

Además, las restricciones provocaron una merma en los precios al productor. Según los datos aportados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), durante estos tres meses de intervención oficial los productores resignaron unos $6.500 millones de facturación. Por otro lado, se registró una menor faena en la industria frigorífica exportadora y caída de entre un 40 y 50% en los ingresos de los trabajadores. Frente a esta realidad y mostrando una importante unidad, la cadena cárnica se pronunció en contra de la decisión oficial y reclamó la finalización de las restricciones.

Rechazo

Pero las restricciones a las exportaciones de carne no son la única preocupación entre los dirigentes y productores. Esta semana fue amplio el rechazo del campo a una iniciativa de las diputadas del Frente de Todos, Mabel Caparrós y Alcira Figueroa, que promueven erradicar toda presencia de los productores y de los profesionales del agro de la conducción ejecutiva del INTA, que debería estar integrado por 8 personas (dos menos que en la actualidad), pero sin los representantes de las entidades rurales, el Movimiento CREA y las universidades públicas.

Frente a dicha iniciativa, la Mesa de Enlace reclamó a los diputados y senadores en un comunicado que “no permitan que se vulneren los derechos de las entidades que representamos a los productores agropecuarios. Primero fueron por las tierras, ahora por la conducción. ¿Qué queda para mañana?”, señalaron los presidentes de Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas.

Por último, en esta jornada las cuatro cadenas de los principales cultivos se pronunciaron en contra del proyecto oficialista y señalaron que el mismo “no es un hecho aislado porque ya sobrevoló en otras ocasiones. El INTA es la nave insignia como organización científica tecnológica con gobernanza público privada desde más de 60 años. El apuntar arteramente a la composición del Consejo Directivo proponiendo sólo la conducción del estado, es destruir la esencia de la participación privada y académica en el debate y en las decisiones de las políticas de la institución, que mucho tiene que ver con el prestigio que el INTA tiene dentro y fuera del país”.

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