
El Banco Central está utilizando a la perfección el esquema que había diseñado para aprovechar los “agrodólares”. Gracias al fuerte control cambiario que limita el acceso al mercado oficial, la entidad pudo comprar una importante proporción de las divisas que ingresaron las cerealeras. En lo que va de mayo ya lleva adquiridos más de USD 1.800 millones y llegará cómodamente a más de USD 2.000 millones cuando termine el mes, al que todavía le quedan cuatro días hábiles.
Un dato que ilustra esta bonanza en materia cambiaria es que el Central terminó con saldo comprador todos los días de lo que va de mayo, algo que no se registraba hace años. Además, el volumen adquirido en el mes es históricamente el más alto desde la salida de la Convertibilidad.
En mayo incluso también mejoró la relación en concepto de acumulación: casi un 70% de los dólares adquiridos incrementaron las reservas de la entidad, que ahora superan los USD 41.500 millones. También mejoró levemente la cantidad de reservas netas, que superarían ya los USD 5.000 millones, contabilizando los dólares líquidos pero también, por ejemplo, el oro. El resto es efectivo mínimo (es decir depósitos en dólares de ahorristas, por lo que no pertenecen al BCRA), el swap con China (promesa de canje de monedas) y algunos otros préstamos.

El titular del Central, Miguel Pesce, aprovecha al menos parcialmente el boom de precios de la soja, que en las últimas semanas llegó a tocar los USD 600. Se trata de un fenómeno excepcional que significaría alrededor de USD 8.000 millones adicional solo por “efecto precio”.
Sin embargo, solo una parte de los dólares comprados por el BCRA terminan en las reservas. El balance del 2021 de hecho es bastante exiguo. De los USD 5.500 millones comprados, sólo pudo acumular efectivamente USD 2.000 millones. El panorama por delante es complejo, especialmente por la necesidad de cubrir distintos vencimientos de deuda con organismos multilaterales.
Allí surgen las dudas sobre lo que ocurrirá con los USD 2.400 millones que deben pagarse al Club de París. Si no hay entendimiento en los próximos 60 días, la decisión del Gobierno sería no pagar, es decir caer en default que recién podría levantarse con un nuevo acuerdo con el FMI. El objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, es solicitar una suerte de “perdón” excepcional para estirar los plazos de este último pago con los países acreedores.
También habrá que tomar una compleja decisión en relación a los USD 4.000 millones que vencen con el FMI. Un grupo de dirigentes del kirchnerismo, con la diputada Fernanda Vallejos a la cabeza, sugirieron ayer en una carta que debería suspenderse el pago de la deuda mientras dure la emergencia sanitaria y social. El planteo sugiere explorar un camino desconocido: ¿qué podría suceder si la Argentina entra en default con el Fondo?
Esta carta complementa otra sugerencia que ya hizo el Senado al ministro Guzmán para que se abstenga de utilizar el giro de USD 4.300 millones que realizará el FMI a través de la distribución de DEG para pagarle la deuda al propio organismo. El vocero de esta iniciativa fue el senador ultra K, Oscar Parrilli, quien impulsó aquella declaración, que de todas formas no es “vinculante”.
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