El Gobierno avanza con la suba de tarifas y busca un primer aumento de 9% en las boletas de luz

El Gobierno avanzará en los próximos días con un primer aumento en las tarifas de energía eléctrica que pondrá fin a un congelamiento de dos años en las boletas de servicios públicos. El incremento previsto sería del 9% a partir de este mes, con perspectiva de un segundo aumento en los próximos meses, que completaría una suba global de 15% para este año.

Así lo dejó saber este viernes el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, tras la polémica por la salida del subsecretario de Energía Federico Basualdo. De esta manera, el aumento adelantado por el Palacio de Hacienda se contrapone con la idea que sostenía el funcionario cuestionado y, detrás de él, el ala cristinista del Frente de Todos, que pretendía un único ajuste de tarifas de 8% a lo largo de 2021.

Consultados por Infobae, desde la Secretaría de Energía no agregaron más detalles sobre cómo se implementará ese 9% de incremento previsto desde este mes. De todas formas, aseguraron que el aumento de las tarifas de gas rondará ese porcentaje, pero que sería oficializado más adelante.

La suba de tarifas de la energía eléctrica no tendrá finalmente un esquema de segmentación que permita al Estado discriminar qué incremento establecer de acuerdo al poder adquisitivo del usuario. Fue uno de los pedidos que hizo el presidente Alberto Fernández al comienzo de su gestión. Cerca del secretario Darío Martínez afirmaron ante este medio que, tanto para la luz como el gas, no hubo avances en ese mecanismo.

El proceso de deshielo de las tarifas comenzó formalmente a fines del año pasado, con las convocatorias a las empresas para discutir los futuros aumentos y los llamados a audiencias públicas, un paso requerido para llevar adelante un reajuste en los servicios públicos.

La idea que blanqueó en diciembre pasado el Poder Ejecutivo fue la de implementar una tarifa “de transición” hasta que se pueda rediscutir de forma integral el cuadro tarifario actual, sancionado durante la presidencia de Mauricio Macri.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Gobierno facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. Es decir, se facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.

La pandemia forzó al Gobierno nacional a continuar con el congelamiento, pero además estableció la prohibición de que las empresas distribuidoras corten el servicio a determinados usuarios que hubieran acumulado deudas durante los meses de aislamiento social.

Luego, esta iniciativa se fue prorrogando a medida que pasaba el tiempo y, eventualmente, el Poder Ejecutivo también puso a disposición de los deudores un plan de facilidades de pago. A principios de marzo, el Gobierno dispuso un aumento en las tarifas de electricidad para empresas y comercios, que entonces dejaron de recibir subsidios. Según explicaron en la Secretaría de Energía, la medida buscaba corregir un “tratamiento desigual” en el costo de la energía que había entre usuarios de más de 300 Kv diarios. Fue el primer aumento permitido desde el cambio de Gobierno.

La inmovilidad de las tarifas de los últimos dos años generó problemas financieros en las empresas de servicios. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), que agrupa a todas las compañías distribuidoras de energía del país señaló que la producción y distribución de energía “tiene un costo y no es “gratis” o “económico” como algunos consideran”. Y que para que el sistema funcione es necesario “inversiones constantes” con el fin de garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la operación.

Pasados cuatro meses del año, el Gobierno aún no pudo llevar adelante ningún incremento de tarifas tras el congelamiento que se mantiene desde 2019. En lo que va de 2021, las cuentas públicas reflejan esa continuidad en el deshielo. De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, en los primeros tres meses del año el Estado gastó $185.000 millones en subsidios económicos, un incremento de 73% medido en forma nominal en relación con los $107.000 millones que se habían erogado en el primer trimestre del año pasado.

Para el objetivo de Guzmán de cerrar el año con un déficit primario del orden de 4,5 puntos del Producto Bruto Interno es vital actualizar, entre otras variables, los subsidios a la energía y otros rubros. Atrás de ese objetivo de limitar la diferencia entre ingresos y gastos a ese nivel determinado en la Ley de Presupuesto 2021 está en juego la estrategia con la que espera recuperar cierta estabilidad cambiaria y monetaria: un resultado peor al previsto no tiene otra forma de ser financiado que con más emisión monetaria, que puede echar más nafta al fuego de la inflación y poner en riesgo la estabilidad de la brecha cambiaria.

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