
A las fuertes restricciones que el Gobierno aplicó a las importaciones como medida última para cuidar las reservas, ahora se sumó un nuevo componente que profundiza el aislamiento de la economía argentina: el registro para las exportaciones de carne.
La nueva Declaración Jurada de Exportaciones de Carne (DJEC) tendrá un funcionamiento similar al viejo ROE (Registro de Operaciones de Exportaciones), un instrumento que marcó a fuego el segundo gobierno de Cristina Kirchner, entre 2011 y 2015. A tal punto que será manejado por el mismo funcionario quien tendrá a su cargo la administración burocrática de esta tarea, Lisandro Zarich.
La DJEC fue creada, según divulgó ayer el Gobierno, con dos objetivos simultáneos. Por un lado, “evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad”. En los últimos 12 meses, el precio de la carne aumentó un 75%, casi el doble que la inflación promedio. Al mismo tiempo se alude a “transparentar las operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos”.
Estas trabas van en contra del objetivo expresado en forma permanente por todos los integrantes del equipo económico, es decir la necesidad de generar divisas genuinas para estabilizar el mercado cambiario. Las exportaciones de carne ya suman cerca de USD 3.000 millones y las estimaciones marcan que podrían ascender a USD 10.000 millones en los próximos años, en caso de contar con los incentivos correctos.
El Gobierno repite así la táctica que llevó adelante Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior con el kirchnerismo. Aquella política tuvo resultados desastrosos. Cayeron las exportaciones, pero a costa de una fuerte disminución de la oferta y, por ende, aumento de precios. El resultado de “cuidar la mesa de los argentinos” fue exactamente el contrario al buscado.
El cambio de las reglas de juego impactaría no solo en el sector ganadero. También podría pegarle a la próxima siembra de trigo o maíz, ante el peligro que se apliquen controles similares, nuevamente con el argumento de evitar que los altos precios internacionales impacten en el mercado local.
Pero estos primeros pasos para trabar exportaciones coinciden con fuertes barreras para importar. La incertidumbre respecto al acceso a divisas para importar bienes finales pero también insumos también está detrás de la aceleración de precios, en especial en ropa y calzado. “Como no sé cuando voy a poder a volver a importar telas, tengo que poner precios muy altos y vender lo poco que pude producir”, expresó a Infobae un empresario textil. Pero la situación se repite en otros sectores en forma calcada.
Este panorama no hace más que agravar uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina, que es su bajísimo nivel de apertura desde el punto de vista del comercio exterior. El Gobierno optó por más proteccionismo para proteger a la producción local, pero la contracara es un aumento de precios que afecta los bolsillos de los consumidores locales.
Nada indica que esta política vaya a cambiar en los próximos meses. Al contrario, lo más probable es que se profundice para llegar con los fuertes controles hasta las elecciones. Sería un alivio de corto plazo, pero que complicará todavía más el horizonte post electoral. El objetivo de cortísimo plazo es cuidar todo lo posible las reservas y ni siquiera las compras de dólares que acumula el Central en los últimos 45 días está generando un alivio para el acceso a divisas para los importadores. La incógnita es si habrá algún relajamiento en las próximas semanas, a medida que ingresen más divisas por las exportaciones sojeras.
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