El Gobierno oficializó la rescisión de todos los contratos público-privados firmados durante el gobierno de Macri

A través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se determinó que Vialidad Nacional se hará cargo de las obras que quedaron inconclusas en los corredores viales

(Presidencia de la Nación)
(Presidencia de la Nación)

El Gobierno oficializó la recisión de los seis contratos público-privados firmados durante el Gobierno de Mauricio Macri. La Dirección Nacional de Vialidad se hará cargo de las obras que quedaron inconclusas en los corredores viales.

Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbey y Ezeiza-Cañuelas.

Ni bien asumió Gabriel Katopodis como ministro de Obras Públicas procedió a darle fin a las contratos llevados a cabo durante el macrismo. En efecto, en este último tramo del 2020 “se extinguieron de pleno derecho por mutuo acuerdo los contratos de diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de los Corredores Viales Nacionales referidos”.

Tras la última recisión realizada el 15 de diciembre, Vialidad Nacional se quedó a su cargo los seis corredores viales que abarcan “la totalidad de lo comprometido en el régimen de Participación Público Privada”.

Según explicaron fuentes gubernamentales, semanas atrás, el acuerdo alcanzado con las partes fue debido a que las empresas a cargo de los corredores viales “incumplieron sus obligaciones” y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del Plan de Obras. “Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”, había manifestado Katopodis.

“Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares”, agregó el ex intendente de San Martín.

A partir de estos acuerdos, los seis corredores serán administrados por Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales, la S.A. creada durante la gestión de Cambiemos, que irá realizando las obras por etapas mediante un programa de recuperación que forma parte del Plan Nacional de Obras Públicas.

A través del Decreto 1036/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, en acuerdo con todos los ministros, el Poder Ejecutivo estableció que Vialidad Nacional conserva y mantiene la administración de los tramos de los corredores viales de las rutas nacionales 7 (desde San Martín hasta Palmira, y desde el empalme ruta 40 - Luján de Cuyo hasta el empalme de la ruta provincial 89 - Potrerillos) y 3 (desde intersección RP 226 -Azul- hasta el empalme con la RP 72 -Coronel Dorrego-) y le otorga “la concesión de la obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios” de corredores viales de las rutas nacionales 7, 3, 226, 205, 5, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, que abarcan una longitud de casi dos mil kilómetros. El contrato aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con Corredores Viales S.A., será por 10 años con la posibilidad de ser prorrogado.

Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis
Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis

En el presente decreto se habilitó a Corredores Viales S.A a “mantener y/o prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2021 los contratos, convenios y/o relaciones comerciales existentes con el Contratista saliente, relativas a la prestación de servicios y tareas de operación, conservación y mantenimiento y/o provisión de bienes e insumos, necesarios para sostener la continuidad de la operación y de los niveles de servicio de los tramos concesionados”.

Por otra parte, los contratos que se celebren de ahora en más con terceros para la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios o explotaciones complementarias “deberán seguir los principios de razonabilidad, eficiencia, concurrencia, competencia, publicidad, difusión, igualdad, transparencia, sustentabilidad y ética”.

Además, el personal que se encontraba trabajando en relación de dependencia con las Contratistas PPP será incorporado a Corredores Viales, “manteniendo la antigüedad adquirida a esa fecha y respetando las demás condiciones laborales vigentes a ese momento”. No obstante, se aclaró que esta disposición “no incluirá al personal jerárquico que prestare servicios para esos Contratistas PPP ni al incorporado por dichos Contratistas PPP, salvo aquellas incorporaciones que tengan su origen en la sustitución de puestos operativos preexistentes a la firma de los respectivos Contratos PPP, debido a renuncia o por acceso al beneficio previsional del trabajador y de la trabajadora”.

En tanto se aprobó el plan para la ejecución de las obras nuevas, obras de seguridad vial y “obras necesarias para la conservación, mantenimiento y ampliación de capacidad de las rutas, autovías y autopistas” en tramos de los Corredores Viales Nacionales.

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