Tomas de tierras: aumenta el malestar en el campo y los ruralistas piden reunirse con el Gobierno

Mientras se postergó para hoy la decisión de la Justicia de Entre Ríos con respecto al conflicto de la familia del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, con epicentro en la estancia ubicada en la localidad de Santa Elena, es cada vez más fuerte el rechazo a los diferentes hechos de tomas de tierras y una amplia defensa de la propiedad privada.

Hay que recordar que Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Cambiemos, ingresó al campo hace una semana y anunció que donará parte del terreno para la puesta en marcha de una iniciativa agroecológica denominada “Proyecto Artigas”. Todo esto derivó en una denuncia que presentó la empresa de su madre, Leonor Marcial, y sus hermanos Luis , Juan y Arturo, propietarios de Las Margaritas, quienes señalaron a Dolores y los militantes de la organización liderada por Juan Grabois como usurpadores de la estancia.

Hoy los dirigentes de las cuatro cadenas de cultivos manifestaron su repudio a los episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen sucediendo en distintas regiones del país y mostraron su preocupación por la inacción del Estado: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”, señalaron en un comunicado.

“La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley”, agregaron.

Por otro lado, los integrantes de la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires, dijeron que “el respeto a la propiedad privada es central en el contrato social de nuestro país y el gobierno nacional debe arbitrar con celeridad en aquellas circunstancias en que la propiedad privada corra peligro”.

También se pronunciaron las entidades agropecuarias que representan a los productores de Santa Fe. “Reivindicamos al derecho a la propiedad como sostén fundamental de una Nación que quiere desarrollarse y todos los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a peticionar entre los jueces, y a otros tantos que se ven afectados ante las tomas ilegales”, manifestaron.

Además, representantes pymes del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresaron su preocupación y repudio por la problemática: “Exigimos acciones inmediatas por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial de cada jurisdicción. La propiedad privada es un derecho fundamental y la Constitución Nacional está para ser cumplida", dijeron.

"Para toda actividad agroindustrial la tierra es uno de sus capitales principales. Su ocupación es un delito y atenta contra la paz social. Garantizar el cumplimiento de la ley es una condición fundamental para combatir este tipo de atropellos.”, agregaron.

No solo hubo un rechazo a las tomas de tierras por parte de entidades agropecuarias del país, sino además de la región, por los casos en la Argentina y Paraguay. Al respecto, desde la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, dijeron: “Observamos con gran preocupación la violación sistemática de la propiedad privada en varios países de la región y denunciamos la displicencia de las autoridades de gobierno y la misma Justicia ante tan crítica situación”.

Pedido de audiencia

Con una gran preocupación por el aumento de casos de tomas de tierras y de casos de inseguridad rural, como la rotura de silobolsas, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

“Desde nuestra institución se continúa trabajando junto a las confederaciones y Sociedades Rurales de base para esclarecer los delitos que han venido sucediendo a lo largo y ancho del país y hemos venido mostrando durante todo el año. De esta manera, ahora aguardamos una respuesta afirmativa de Sabina Frederic y Eduardo de Pedro, para poder avanzar en esta temática que tanto preocupa al movimiento rural confederado”, manifestaron desde CRA.

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