Eduardo Levy Yeyati: “El nombre de este modelo es pobreza inclusiva”

“El nombre del modelo es pobreza inclusiva”, sentenció el economista Eduardo Levy Yeyati, en reacción a la decisión del gobierno nacional de quitarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires para traspasarlos a la provincia y financiar un aumento de salarios de la policía bonaerense. En esta charla con Infobae, amplía el concepto que había volcado en su cuenta de Twitter y explica cuáles son los rasgos de la que cree es la política del gobierno que preside Alberto Fernández.

Ingeniero de formación, doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad di Tella, Levy Yeyati alertó recientemente sobre los riesgos de la “sociedad dual” que fue tomando forma en la Argentina, donde sólo el 20% de la Población Económicamente Activa tiene empleo registrado en el sector privado y sostiene fiscalmente al resto. Un modelo inviable y que podría llevar en unos años al décimo default, advirtió. La clave para salir de la trampa, explicó a Infobae, es “la educación para el trabajo”.

— ¿Cuál sería el “modelo de pobreza inclusiva”? ¿El recorte de fondos a CABA es parte de ese “modelo”?

— Pobreza inclusiva es un juego de palabras que remite al ideal de riqueza o prosperidad inclusiva. En el desarrollo existe una tensión entre crecer más rápido o más equitativamente. No es que equidad y crecimiento se contrapongan, de hecho, la desigualdad extrema inhibe el crecimiento de muchas maneras. Pero el crecimiento requiere inversión y tiempo y muchas veces, en la urgencia, choca contra las demandas sociales que piden repartir lo que hay, incluyendo el capital productivo, o la riqueza a ser invertida. El stock lo podemos repartir una vez, pero después nos quedamos sin nada para producir.

— ¿Cómo se manifiesta ese “modelo”?

— Hay varios ejemplos locales de esta suerte de pobrismo económico. La anti-meritocracia de pensar que nadie se merece lo que tiene, ya sea un empresario o la ciudad de Buenos Aires, es consistente con la idea de repartir lo que hay. Es, de algún modo, el correlato del pobrismo en el que ha derivado en la Argentina el populismo tradicional. También se relaciona con el concepto de tasa de ganancia justa que manejan algunos economistas del gobierno, por encima de la cual el Estado debería gravar y distribuir. Si a eso le sumamos que el stock de capital y de conocimiento es cada vez más móvil, el pobrismo no sólo se gasta parte del stock, sino que ahuyenta al resto: de ahí que empresas y trabajadores calificados en parte se muden a otros países. En jerga económica, se acelera la descapitalización del país.

— El “modelo de pobreza inclusiva” es una política deliberada, consciente, o una concesión a las demandas sociales?

— Es un poco de ambas cosas. Está claro que, en democracia, las demandas se tienen que atender. La política tradicional muchas veces lo hace de manera pasiva: distribuye recursos, incluso los que no tiene, busca otros en el sector privado con impuestos y regulación de precios, o en la inflación, con lo que termina dando por un lado lo que quita por el otro, o mediante defaults silenciosos, como el cambio de la movilidad. Hay mejores maneras de atender estas demandas, de un modo dinámico que no consolide la pobreza, sino que la elimine por arriba. La educación para el trabajo es el mejor ejemplo de esto.

La sociedad dual

— En un reciente artículo explicás el fenómeno de la “sociedad dual”, un 20/80, en que un 20% de la población tiene que sostener fiscal y productivamente al resto. Y el riesgo de que la relación se vuelva 15/85. ¿Se puede salir de esa situación? ¿Hay conciencia de ello?

— Creo que hay conciencia en algunos círculos públicos y privados de que el país no puede crecer si no pone a su gente a trabajar en trabajos de mayor calidad. Pero este consenso es muy vago y requiere algún refinamiento. Para empezar, creo que no es realista pensar la política social en la Argentina como algo separado de la política laboral. Lo mismo diría de la educación: nadie negaría que es una herramienta de movilidad social a través de la inserción laboral, pero muchos no ven que no toda la educación la fomenta; hay quienes oyen educación para el trabajo y piensan en la explotación proto-capitalista. Tampoco es realista, creo, pensar que la economía popular dará trabajo a millones de trabajadores. Si queremos salir del 20/80, tenemos que formar a los trabajadores de la economía social para que se vuelvan trabajadores de la economía. Pensar en dos economías paralelas consolida el dualismo. Por último, mal que nos pese, no habrá empleos asalariados de convenio para todos; no podemos ignorar o desalentar otras modalidades de trabajo independiente, al contrario, deberíamos regularlas para fomentarlas.

— Además del desdén de ciertos intelectuales o disciplinas por la “educación para el trabajo”, está la cuestión de la capacidad de proveer esa educación. Casi no hay funcionario que no hable de capacitación, pero de ahí a proveerla hay mucho trecho. ¿Las empresas pueden suplir ese faltante?

— Las empresas lo pueden hacer en parte, y debería ser la prioridad n°1 de todas las unidades de inversión social corporativa: como me dijo no hace mucho una política argentina, “antes que pintar escuelas, que enseñen a trabajar”. Pero si esto no basta, existen alternativas: aulas simuladas, talleres, la formación laboral que dan, con calidad desigual, los sindicatos. El problema de la calidad de la capacitación remite, para ponerlo en términos académicos, al curro. Hay mucha oferta de capacitación que no es más que una excusa para repartirse un presupuesto. Por eso es esencial la creación de un Instituto de Formación Laboral que certifique a la institución, los contenidos, porque no se trata de estudiar cualquier cosa, y al egresado.

— ¿Conocés experiencias, locales o regionales, positivas al respecto, de una escala importante?

— Hay varias grandes empresas que hace décadas forman a sus trabajadores en instituciones propias de gran calidad, al estilo europeo. Y la formación que dan algunos sindicatos (Uocra, Smata, gastronómicos) es buena, aunque está orientada a los rubros de cada rama. Pero son casos puntuales, está casi todo por hacer. Lo mismo vale para la educación de jóvenes: con el CEPE de Di Tella diseñamos un prototipo de orientación laboral para la Ciudad de Buenos Aires, para el cual relevamos experiencias locales y regionales. Hay buenos ejemplos, pero pocos y pequeños.

— ¿En qué ámbito o contexto institucional debería situarse ese Instituto?

— Idealmente, debería ser autónomo o depender del presidente. En algunos países, es un ministerio. En la Argentina, podría estar en cabeza de Trabajo, con participación de Educación. Un punto esencial, sin embargo: este Instituto no puede limitarse al empleado de convenio: debería pensar herramientas para el independiente, e incluso, en una segunda etapa, contribuir a la integración de los trabajadores de la Economía Popular.

— El gobierno ha dicho que quiere transformar el IFE en un programa de trabajo, reduciéndolo de unos 9 millones de beneficiarios actuales a cerca de 3 millones. ¿Te parece algo factible, en esa escala? ¿Qué riesgos o experiencias habría que evitar?

— Me parece que eso no es más que volver a la versión original de la ley de Emergencia Social, donde se condicionaba el beneficio, el salario complementario, a algún certificado de trabajo que facilitaban las organizaciones de base. No integró laboralmente, ni educó, supongo que porque fue pensado en alguna media como una operación política de contención y cooptación de sus beneficiarios. No veo por qué esta vez sería diferente. Es un buen ejemplo de la naturaleza estática de la política pobrista, en oposición a una que se centre en la movilidad social ascendente.

— Cuando se habla del trabajo, las empresas y entidades empresarias suele referirse a las leyes y al costo laboral más que a la formación o capacidad ¿Se pueden integrar estas cuestiones?

— Las empresas suelen pedir menos impuestos, incluyendo los laborales. Del mismo modo, los sindicatos critican la innovación laboral como una flexibilización “neoliberal”. A puertas cerradas, creo que muchos empresarios entienden que la reducción de cargas sociales es una transferencia a las empresas, pero no resuelve el problema del empleo en nuestro mercado dual, y que muchos sindicalistas entienden que la rigidez del convenio fordista está despoblando los sindicatos y que el futuro del empleo también pasa por nuevas modalidades. Estoy seguro de que todos entienden la necesidad de una formación laboral basada en datos y en calidad.

Deuda, FMI, dólar

En el marco de la Escuela de Gobierno de la Di Tella, Levy Yeyati fundó y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE). Además de su énfasis en la “educación para el trabajo” como vía para restaurar la movilidad social ascendente y escapar de la trampa de la “sociedad dual”, sigue de cerca la política económica y es un experto en finanzas. Infobae le planteó un par de preguntas al respecto.

— En la restructuración de la deuda con los acreedores privados, el gobierno se dio una ventana de 3 años sin pagos de deuda y, según dijo Guzmán, quiere tener lo mismo del FMI. ¿Estaría el Fondo dispuesto a no cobrar nada hasta 2024? Además, ¿es una ventana de tiempo suficiente?

— Para empezar, la deuda de los organismos no se reduce ni reprograma; en todo caso, se estiran los pagos acordando un nuevo programa y usando los fondos para pagar la deuda del viejo programa. No veo por qué el Fondo no lo haría esta vez, sobre todo sabiendo que no hay modo realista en que la Argentina pueda cumplir con los pagos originales. A juzgar por el costo de la pandemia y por la orientación y velocidad de las medidas del gobierno hasta ahora, veo improbable que en 3 años el país logre la combinación de crecimiento, balance fiscal y costo financiero externo esencial para hacer sostenible la deuda pública. Pero esto recién comienza y no hay que perder las esperanzas el día uno.

— Dada tu experiencia en el BCRA (fue asesor durante la presidencia de Mario Blejer), ¿qué pensás de la política cambiara actual? ¿Es sostenible?

— El dólar tiene dos roles: es un precio relativo, lo que lo relaciona con la competitividad y la balanza comercial, y un activo financiero, lo que lo relaciona con el riesgo, los bancos y la tasa de interés. Cada rol tiene su propio equilibrio, que no coinciden y que en la Argentina dolarizada, recesiva y polarizada difieren dramáticamente. Para un banco central sin reservas, esta diferencia es inmanejable: si devalúa, enciende la inflación; si no lo hace, las brechas contaminan el equilibrio comercial, y obligan a controles nuevos todos los meses.

— ¿Qué alternativa te parece menos riesgosa?

— Dado que el contexto posiblemente no mejore, vale la pena estudiar la opción de tener un tipo de cambio para el equilibrio comercial y otro para el financiero. No resuelve el problema, pero podría facilitar la gestión cambiaria hasta que el programa económico gane credibilidad. El objetivo es simple: no contaminar el comercial para evitar que la presión cambiaria financiera se vaya a inflación.

— Martín Redrado, ex presidente del BCRA y partidario de unificar el tipo de cambio, dijo que desdoblar y dejar un dólar “financiero” más alto dejaría en muy mala posición a las empresas endeudadas en dólares.

— Eso si las deudas viejas se pasan al financiero; no es obvio que esto deba ser así. Y ese análisis también aplica a los activos indexados, incluyendo los flamantes depósitos.

Seguí leyendo: