Banco Nación quiere que Vicentin use el dinero de la venta de un frigorífico para pagar su deuda

El Banco Nación pedirá que se investigue la venta del frigorífico Friar, propiedad del grupo empresario Vicentin, que se habría transferido a otro grupo empresario. El reclamo será presentado ante el juez federal Julián Ercolini.

La entidad se presentará como querellante ante la justicia de Rosario para que evalúe el accionar de la cerealera, ya que consideran que es posible que se genere un vaciamiento del patrimonio de la empresa santafesina.

El reclamo surge ante las versiones que señalan que la empresa agroexportadora Vicentin vendió el 50% del frigorífico Friar al fondo Buenos Aires Finantial Capital (BAF Capital) y, al mismo tiempo, habría transferido a Uruguay los fondos que se generaron en esa operación, en vez de utilizar esos recursos para pagar parte de la deuda de más de USD 300 millones que mantiene con el Banco Nación.

“La cerealera concursada continúa con el desprendimiento de sus activos, en una clara maniobra para evitar la cancelación de los créditos, lo que constituye un importante perjuicio para el patrimonio del Banco”, explicó Eduardo Hecker, presidente de la entidad en un comunicado.

Según anticipó, la entidad denunciará la situación ante el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado que tramita el concurso de la empresa en la ciudad de Reconquista, quien tiene que resolver el incidente iniciado por la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que en su momento solicitó la intervención del grupo por supuestas maniobras de vaciamiento.

Para el próximo lunes 7 de septiembre está prevista una audiencia en Reconquista para analizar el pedido efectuado por el Gobierno de Santa Fe, donde las autoridades pedirán que se evalúen las acciones llevadas a cabo por el actual Directorio de Vicentin.

Desde el Banco Nación indicaron que a esa situación se suma un informe presentado en el Concurso Preventivo por la auditora internacional KPMG, quien se negó a continuar como auditora externa del grupo.

En un escrito que presentó ante la justicia civil y comercial de la ciudad de Reconquista, KPMG informó que “suspendió la auditoría” del ejercicio de Vicentin que cerró el 31 de octubre de 2019 al señalar que “la cesación de pagos del cliente tiene un impacto generalizado en la capacidad de la organización para continuar como empresa en marcha”.

Hecker exigió la presentación del balance de 2019, ya que consideró que es “imprescindible” para determinar la situación patrimonial del grupo Vicentin y la adopción de medidas judiciales que impidan que la empresa se desprenda de activos.

A mediados del mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a Vicentin por el uso de facturas apócrifas para obtener beneficios fiscales. El perjuicio contra el Estado, según detalló el organismo, es por unos $110 millones.

En julio, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto mediante el cual el Gobierno había intervenido a inicios de junio a la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores tras entrar en cesación de pagos a fines del año pasado.

Hasta el 2019 Vicentin era la principal exportadora de aceite y harina de soja en Argentina. Sin embargo, la compañía entró en default a fines del año pasado por una deuda superior a los USD 1.000 millones.

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