Alquileres en cuarentena: Alberto Fernández confirmó que analiza prorrogar el congelamiento

El presidente Alberto Fernández anticipó que está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia del decreto 320/20, que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y suspendió los desalojos para reducir el impacto de la pandemia. Esas medidas vencen el 30 de septiembre.

En declaraciones al programa “A Dos Voces”, el presidente aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva. “Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres”, dijo al responder una pregunta sobre qué va a pasar con los contratos cuyo congelamiento vence a fin de mes.

“Lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos —sostuvo Fernández—. Todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía”.

El presidente también se refirió a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, que también quedaron congeladas. desde fines de marzo mediante un decreto (319/20). “Respecto al tema UVA estamos tratando de encontrar una solución similar a la teoría del esfuerzo compartido. Puede ser una salida para este tipo de créditos, lo estamos trabajando”, adelantó.

Las medidas del decreto 320/20 abarca a los contratos de alquileres de vivienda única pero también habitaciones en pensiones, alquileres para actividades culturales o comunitarias o destinados a pequeñas producciones familiares y agropecuarias.

También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos para la prestación de servicios, comercio o industria; alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.

Si bien dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020, el decreto prevé que la diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento deberá ser abonada en tres cuotas, y como máximo seis, mensuales, iguales y consecutivas. La primera de esas cuotas debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.

Además, el decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

“Se necesita una política de desendeudamiento que garantice la estabilidad de los hogares y la seguridad sanitaria. El Estado tiene que garantizar que donde hay deuda, el locador cobre y el inquilino reconstruya su economía familiar y siga bajo un techo digno”, explicó Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino de la ciudad de Buenos Aires.

“La extensión que se necesita del decreto es la prórroga de los contratos. Que nadie quede en la calle. Todo lo demás es secundario. El desendeudamiento no es un subsidio al inquilino; es una transferencia directa a los locadores, que demuestren la titularidad, el contrato, y la deuda”, agregó. La mayoría de las consultas que reciben en la Defensoría tienen que ver con la extensión del decreto o la finalización anticipada del contrato.

Desde el sector inmobiliario hay distintas posturas. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) que en marzo había apoyado el decreto de congelamiento, manifestó su rechazo a una posible extensión. “La prórroga del decreto sería un desastre. Vamos a ver un retiro de la oferta de propiedades en alquiler”, señaló Armando Pepe, presidente del colegio de profesionales inmobiliarios porteño (Cucicba).

Mientras que la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) tiene una postura más intermedia y considera que el Gobierno debe contemplar la situación de los dos sectores. “Nosotros somos intermediarios y representamos a propietarios e inquilinos. Estamos a disposición para colaborar. En estos meses, logramos llegar a acuerdos entre las partes con un esfuerzo compartido. La mayoría de los inquilinos de viviendas están al día”, destacó Alejandro Bennazar, titular de la CIA.

En un reciente relevamiento nacional realizado desde la Federación de Inquilinos Nacional se estimó que el 30% de los inquilinos no podía pagar el alquiler del mes de agosto y la mitad acumula deudas de dos meses o más de alquiler.

Mientras que la última encuesta realizada por el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad (Cucicba) entre sus matriculados mostró que el 84,5% de los inquilinos de viviendas de la ciudad pagó su alquiler en agosto. Estos niveles son similares a julio, pero están lejos del máximo del 92% que se registró en mayo.

“De entre quienes no pudieron pagar el alquiler de su vivienda el 1,42% rescindió el contrato durante agosto por los problemas económicos derivados de la actual situación de aislamiento social”, explicaron desde Cucicba.

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