En el mes en que el Gobierno acordó con los bonistas, la Tesorería pagó $43.100 millones de intereses de la deuda

El octavo mes del año comenzó con el anuncio del acuerdo de reperfilamiento de los vencimientos de la deuda pública bajo legislación extranjera, y terminó con la oficialización de la aceptación directa de más del 93% de los bonistas, e indirecta, por aplicación de la Cláusula de Acción Colectiva, se amplió a 99%, quedando un remanente de sólo 1% del total.

Semejante logro, luego de varias concesiones por parte del ministro Martín Guzmán para evitar que la Argentina cayera en un estadio de default complejo, no liberó a la Tesorería de hacer frente al pago de intereses de la deuda pública en pesos y en divisas con organismos internacionales por poco más de $43.100 millones, un 10,3% del gasto total de la Administración Central.

El dato se desprende de la ejecución presupuestaria acumulada al cabo de los primeros 8 meses del año, por un total de $4,38 billones, equivalente a 57,7% del total proyectado para el año, y se reduce a 53,5% en base caja, dado que lo efectivamente pagado a esa fecha fue de $4,07 billones, de los cuales $434.218 millones correspondieron a intereses de la deuda pública.

De ahí que si bien con el paso sustancial que logró el Gobierno para reperfilamiento de vencimientos de la deuda pública por más de USD 65.000 millones, el país tendrá un alivio financiero por la reducción de la previsión de pago de intereses en los próximos 10 años de unos USD 38.000 millones, lejos está de constituir un ahorro para la caja presente de las arcas públicas.

En el acumulado de los 8 meses la estadística de la Secretaría de Hacienda registró ingresos totales de la Administración Central por $3,78 billones, de los cuales $1,18 billones correspondieron a “rentas de la propiedad”.

De ahí surgió para ese componente del sector público no financiero que representa un 80% del resultado final agregado un superávit fiscal primario, antes del pago de intereses de la deuda pública de $147.205 millones, pero que con el agregado de ese cargo se transformó en un déficit financiero de $287.013 millones. En ambos casos favorecidos por el aporte extraordinario de $1,18 billones de “rentas de propiedad”, como se denomina a las transferencias de ganancias contables del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Y también, sumaron en esa dirección el resultado de la “venta de acciones y de participaciones de capital” por $57.695 millones, y $5.516 millones por la “venta de bienes y servicios de administraciones públicas”, precisa el detalle de la ejecución de ingresos percibidos en los primeros 8 meses de 2020 por parte de la Secretaría de Hacienda.

En ausencia de esas fuentes extraordinarias de recursos, las cuales por ahora no han tenido casi efecto monetario, porque la emisión de pesos del Banco Central fue absorbida con la colocación de Leliq y Pases, las cuales suman más de $2,5 billones, y se elevaron desde el cierre de diciembre de 2019 en $1,3 billones, se hubiese registrado sólo en el caso de la Administración Central un déficit primario de $1,1 billones, equivalente a 5,7% del PBI del período y un rojo financiero de $1,53 billones (8% del PBI).

Agosto cerró con superávit primario de caja

En el caso específico del octavo mes del año, el movimiento de fondos de la Administración Central arrojó un excedente de $14.948 millones, antes del pago de intereses de la deuda, mientras que el saldo financiero fue negativo en $28.156 millones.

Y si bien el aporte de rentas de propiedad, como de venta de activos, fue menor que en meses anteriores, en ausencia de esas fuentes de recursos no corrientes el resultado de la Tesorería hubiese terminado con sendos déficit primario y financiero de $4.139 millones y $47.244 respectivamente.

Del lado del gasto se observó la caída de la ejecución por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a 37,1% del total, luego de haber representado más del 50% en los siete meses previos.

Por el contrario, intensificó el uso de partidas, en términos relativos, el Ministerio de Educación, pasó de 3,6% a poco más de 5,8% de las erogaciones totales.

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