Quiénes integran el 1% los acreedores que no aceptaron el canje y qué pasará con esas deudas

Se trata de tenedores de bonos de dos pequeñas series por 600 millones de dólares del bono Par en euros 2010 y unos 47 millones de dólares del bono Par en dólares del 2010, sobre los casi 65.000 millones que podían ser reestructurados

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El ministro de Economía, Martín
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el acuerdo con los bonistas privados favorece "un horizonte financiero despejado" que va permitirle al país "tener otra posibilidad para la implementación de sus políticas públicas", enfocadas en la "recuperación económica".(Franco Fafasuli)

Pese a que el Gobierno logró cerrar con éxito su oferta de reestructuración de deuda por cerca 63.500 millones de dólares, en la que obtuvo un nivel de adhesión del 93,55% que con las cláusulas de acción colectiva alcanzó a una reestructuración del 99%, resta definir lo que sucederá con aquellos acreedores que integran el 1% de los que no entraron al canje.

Según pudo saber Infobae, se trata de tenedores de bonos de dos pequeñas series por USD 600 millones del bono Par en euros 2010 y unos 47 millones de dólares del bono Par en dólares del 2010, sobre los casi 65.000 millones que podían ser reestructurados.

El Gobierno deberá decidir si paga el interés de estos dos títulos a partir de septiembre ya que será difícil que puedan entrar en una oferta mejor en el corto plazo.

El analista Sebastián Maril afirmó que son USD 600 millones que quedaron afuera del canje y que corresponden a los bonos Par e Indenture 2005. En ese contexto, planteó: “En 2008, Paul Singer litigó contra el país por esa cifra aproximadamente. ¿Algún fondo tendrá ganas de comprar esos bonos y litigar contra el país? ¿Se atreverá Burford Capital?”.

Para el economista Miguel Kiguel, los bonos Par se podrían seguir pagando porque son a muy largo plazo y con tasa muy baja. “Es lo menos traumático. Pero veremos qué pasa”, sostuvo en la red social Twitter.

No obstante, consideró: “Llevó tiempo pero el resultado del canje es muy bueno. Se resolvió un problema complejo y el calendario de pagos quedó despejado por varios años. Ahora hay que recuperar el crecimiento con sostenibilidad fiscal y monetaria”

Según el operador financiero Christian Buteler, estos bonos deberán ser pagados en las condiciones originales o no se sale del default. “Lo más lógico es que se paguen. Arruinar el canje por USD 600 millones no tiene sentido”, dijo a infobae.

A su turno, el director de Eco Go Federico Furiase señaló: “Son bonos con cupones bajos, con lo cual no va a ser un problema para el Gobierno, ni en término de vencimientos porque además son de largo plazo”.

Las autoridades del Ministerio de Economía aseguraron que el 1% de los tenedores que no aceptó el canje de deuda “no es un problema” y subrayaron que lo importante es que “la Argentina ya salió del default”.

Fuentes del Palacio de Hacienda precisaron que “el porcentaje no reestructurado se compone de aquellas series correspondientes al Indenture 2005 en la que no se alcanzaron las cláusulas de Acción Colectiva (mínimo de 85% agregado y 66% por serie, en este caso)”.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el total de la deuda que quedó fuera de la reestructuración “totaliza un universo de US$653 millones y la dispersión de los tenedores originarios de estos bonos es un desafío que se conocía de antemano”.

En Economía dijeron que tenían en claro la posibilidad de que podía haber un grupo minoritario con dificultades para acceder al canje.

A comienzos del proceso de la operación de deuda en 2020 y con colaboración del agente de información, se identificó el universo de bonistas tenedores de los títulos elegibles para la operación. Los resultados del sondeo, si bien incompletos, sugirieron que el universo de inversores minoristas era muy limitado. Conociendo los antecedentes supusimos, sin poder dimensionar su cuantía con precisión, que los tenedores minoristas se encontraban en las series correspondientes al canje de 2010″, relataron.

De esta forma, la amenaza latente de cualquier operación de deuda de no alcanzar las mayorías necesarias quedó superada, ya que el Gobierno, que alcanzó un nivel de adhesión del 93,5%, quedó habilitado para forzar al resto que quedó fuera a entrar a la operación, según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la conferencia que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández.

En estos últimos 15 años, luego de la crisis internacional del 2009 y de la aparición del coronavirus a nivel global en los últimos seis meses, la comunidad internacional fue flexibilizando los procesos de reestructuración para países con crisis de deuda, aunque aún hay fuertes disputas entre distintos actores sobre el tema.

Con los datos de cierre del canje 2020, se pueden establecer las diferencias respecto a lo que ocurrió en 2005 y la reapertura de esa operación llevada a cabo en 2010.

En lo que respecta al nivel de aceptación, en esta oportunidad el gobierno logró una adhesión del 93,5%, porcentaje que trepó al 99% gracias a la utilización de las cláusulas de acción colectiva (CAC).

Este número final permite la certeza de que no habrá holdouts que salgan a buscar una oferta mejor a través de los tribunales de Nueva York para pedir el 100% del valor de la deuda, como sucedió en 2005.

En esa oportunidad, los bonos a canjear no tenían CAC y alrededor del 24% del total de los acreedores permanecieron como holdouts, a la espera de alguna oferta mejorada que no llegó y en un número importante decidieron ingresar luego en la reapertura del 2010.

Otros, como Paul Singer, optaron por la vía del litigio para cobrar. Con el canje 2010 la Argentina completó un 93% de adhesión de la operación realizada en el 2005, Y el otro 7% recurrió al despacho del juez Thomas Griesa para cobrar acreencias y el grueso de los litigios terminó en el 2016, con un acuerdo por casi USD 10.000 millones gestado durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

A pesar de esto, el proceso no culminó de manera plena debido a que en la actualidad existen holdouts del default del 2001 que reclaman por los cambios estadísticos en el pago de los cupones atados al PBI.

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