Jubilaciones: con los aumentos por decreto, el Gobierno reduciría el gasto público en $72.000 millones, o el equivalente a un mes del IFE

Según un informe del Iaraf, desde el punto de vista fiscal el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, aunque también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la Ley de movilidad

El informe indica que al ahorro de $72.000 millones se les deben restar los posibles bonos discrecionales a jubilados que se otorguen desde el 18 de agosto hasta el cobro del próximo haber actualizado, que sería en diciembre 2020. (Adrián Escándar)
El informe indica que al ahorro de $72.000 millones se les deben restar los posibles bonos discrecionales a jubilados que se otorguen desde el 18 de agosto hasta el cobro del próximo haber actualizado, que sería en diciembre 2020. (Adrián Escándar)

Luego de la suspensión en diciembre de 2019 de la Ley de Movilidad Previsional sancionada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2017 y de los aumentos por decreto establecidos durante la gestión de Alberto Fernández en los primeros dos trimestres del año, sumado al que se hará en septiembre, el Estado reduciría el gasto público en $72.000 millones o el equivalente a la erogación del primer mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Esto siempre que el Gobierno no otorgue ningún bono a jubilados, pensionados y asignaciones de acá a fin de año.

El informe al que accedió infobae sostiene que con esta medida, desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, aunque también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la Ley de movilidad.

En ese marco, afirma que para el fisco, el menor gasto para el período comprendido entre diciembre 2019 y noviembre de 2020, neto de bonos (dos de $5.000 que se otorgaron en diciembre y enero, y uno de $3.000 en abril), sería de $72.000 millones (0,25% del PIB).

Dados estos aumentos discrecionales puede haber litigios que terminen en sentencias que hagan que el Estado tenga que pagar lo que se ahorró o incluso más. Ya pasó otras veces y puede volver a pasar. Si bien es un ahorro hoy, nada garantiza que esos recursos haya que ponerlos en el futuro”, dijo a Infobae Nadin Argañaraz, director del IARAF.

En ese sentido, agregó que el desembolso en dinero del primer mes del IFE fue del 0,3% del PIB. “Es decir que el ahorro anual en jubilaciones puede ser equivalente al primer mes del ingreso que dio la Anses”, destacó.

El informe indica que al ahorro de $72.000 millones se les deben restar los posibles bonos discrecionales a jubilados que se otorguen desde el 18 de agosto hasta el cobro del próximo haber actualizado, que sería en diciembre 2020.

El menor gasto para el período comprendido entre diciembre 2019 y noviembre de 2020, neto de bonos (dos de $5.000 que se otorgaron en diciembre y enero, y uno de $3.000 en abril), sería de $72.000 millones (0,25% del PIB)

Por tanto, sostiene que, suponiendo que los bonos se siguen otorgando para los que cobren la jubilación mínima, se podrían dar cuatro mensuales (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de $6.500 a cada jubilado que cobre la mínima o menos (2,8 millones de jubilados).

Estos cuatro bonos consumirían el ahorro potencial de gasto en jubilaciones y pensiones que generaría el Gobierno suspendiendo la fórmula de movilidad, advirtió el IARAF.

“Es clave recalcar que el resultado final de estos aumentos por decreto determina una baja de la base de actualización de las jubilaciones y sienta las bases para menores erogaciones futuras para el fisco por la vía de jubilaciones y pensiones”, destacó el informe.

Y añadió que un segundo efecto es que los ingresos de los jubilados pasan a depender del componente discrecional, es decir los bonos mensuales, que el Gobierno decida otorgar o no, y dependiendo de la pertenencia o no al grupo objetivo.

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

Cabe recordar que la fórmula de movilidad previsional aprobada en diciembre de 2017, establecía que los jubilados y pensionados deberían recibir en 2020 un aumento de 11,56% en marzo, de 10,91% en junio, y de 9,88% en septiembre sin diferenciar entre nivel de haberes. La movilidad abarcaba a 18 millones de beneficiarios en total: jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), PUAM y pensiones no contributivas.

En tanto, conforme a la movilidad suspendida, entre los aumentos de los tres primeros trimestres se debería haber acumulado un aumento del 35,94%. El 11,56% de marzo, el 10,89% correspondiente en junio y el 9,88% de septiembre. El de septiembre será el tercer aumento por decreto mientras se estima que la nueva Ley de Movilidad estaría vigente recién en 2021.

Escenario de actualización de haberes jubilatorios bajo Ley de Movilidad

De acuerdo al informe del IARAF, bajo el escenario con Ley de Movilidad, por ejemplo en los deciles 2, 3, 4 y la mayor proporción del 5, que cobran un monto equivalente a la jubilación mínima, hubiesen percibido haberes por un total de $199.000 entre diciembre 2019 y noviembre 2020, con un haber bruto de $19.124 para el periodo septiembre-octubre-noviembre.

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Sin embargo, en el primer aumento por decreto de marzo 2020 la suba fue de 2,3% respecto de la suma previa y una suma fija de $1.500. Mientras que con la aplicación de la Ley de Movilidad anterior hubiera significado un aumento de 11,56% para todas las jubilaciones y pensiones, sin importar su monto.

Por el cambio de fórmula, la jubilación mínima (de $14.068) se benefició con una suba de $197 extras con respecto al aumento que hubiese tenido si se aplicaba el 11,56%. Pero los haberes máximos ($103.064), por ejemplo, se vieron perjudicados ya que recibieron $8.044 menos que los que hubiesen surgido de la movilidad

En ese sentido, dado que el aumento de marzo fue a través de una suma fija más un porcentaje, se puede calcular un haber de equilibrio o haber crítico que, en ese momento fue de $16.200. El informe destacó que de esta forma, las jubilaciones que estaban por debajo de ese haber, se beneficiaron con el cambio. Y las que estaban por encima, se vieron perjudicadas.

“Por el cambio de fórmula, la jubilación mínima (de $14.068) se benefició con una suba de $197 extras con respecto al aumento que hubiese tenido si se aplicaba el 11,56%. Pero los haberes máximos ($103.064), por ejemplo, se vieron perjudicados ya que recibieron $8.044 menos que los que hubiesen surgido de la movilidad”, detalló.

Por otra parte, para los aumentos de junio y septiembre, desde el Poder Ejecutivo se decidió otorgar un incremento de 6,12% y 7,50% para todas las categorías, respectivamente. En este punto, el IARAF sostuvo que en estos casos no hay tal cosa como un “haber de equilibrio”, ya que el porcentaje de actualización fue menor para todos los jubilados sin importar el monto percibido de haberes.

Por último, afirmó que al comparar los haberes acumulados bajo los dos escenarios (la suspendida ley de movilidad y los aumentos por decreto), se observa que los primeros cinco deciles de la pirámide jubilatoria muestran un aumento de sus haberes.

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No obstante, advierte que el incremento de los haberes acumulados en el período es explicado por estos bonos discrecionales, ya que las actualizaciones del sistema por decretos son menores a las actualizaciones que hubieran operado bajo la Ley de Movilidad.

“El resultado final de estos aumentos por decreto lleva a disminuir la base de actualización de las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima bajo movilidad hubiera sido en septiembre de $19.304, mientras que bajo las actualizaciones actuales por decreto será de $18.129. Los ingresos de los jubilados pasan así a depender del componente discrecional (los bonos mensuales) que el Gobierno decida o no otorgar, a cuál grupo otorgarlos y a cuáles no”, concluyó.

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