Esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, irá a la residencia de Olivos para la definición de los pasos a seguir en una renegociación de deuda que luego de siete meses y cuatro ofertas oficiales se mantiene estancada. Mañana vence el plazo establecido por la Argentina para que los acreedores decidan si aceptan la propuesta oficial y, como ante las anteriores ofertas que no contaron con el apoyo de los principales fondos tenedores de bonos argentinos, la decisión es entre extender el plazo para seguir negociando o patear el tablero, dejar las conversaciones con privados de lado y pasar a priorizar un nuevo acuerdo marco con el FMI. La definición será del presidente Alberto Fernández.
Hasta el domingo a la noche, la decisión que dejaban trascender desde Presidencia era la de no extender el plazo. Dejar que la cuarta oferta oficial llegue a su fecha de vencimiento, como en el juego de gallina en el que dos conductores manejan sus autos en direcciones contrarias para ver quién cambia de rumbo primero. La oferta oficial actual, en torno a USD 53 de valor por cada USD 100 de deuda elegible es una mejora enorme frente a los USD 41 por cada USD 100 de la propuesta original de abril.
En el Gobierno creen -o por lo menos dicen creer- que la treintena de fondos de inversión que rechazaron en conjunto la propuesta para intentar una mejora aún mayor, tienen más que perder de lo que admiten. Si el Gobierno decide no conceder la séptima prórroga, amenazan desde Casa Rosada, lo que sigue serán discusiones enmarcadas en un nuevo programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal acreedor individual de la Argentina.
“Hay una decisión tomada, no podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda”, dijo Guzmán a Página 12 en una entrevista publicada el domingo.
El razonamiento oficial es que el análisis de sustentabilidad sobre el cual se montó la propuesta argentina supervisada por el Fondo estaba basado en previsiones de caída de la actividad global del orden del 2,3% por el primer impacto de la pandemia de coronavirus COVID-19 en el mundo. Hoy, las previsiones del Fondo ya rozan el 5% de contracción. Una nueva oferta debería ser más onerosa para los acreedores, si es que se incorpora esa nueva previsión.
La experiencia reciente, sin embargo, juega en contra de juegos de gallina. A principios de año, la Provincia de Buenos Aires debió volantear a último segundo y pagar un cupón de deuda justo antes del default porque sus interlocutores, fondos que hoy también discuten la deuda nacional, ni siquiera parpadearon a medida que se acercaba la fecha. Los seis períodos definidos en el pasado para que los bonistas decidan sobre ofertas oficiales, además, terminaron siendo prorrogados a pesar de todas las amenazas.
En esa línea, durante el fin de semana se volvió a hablar de una alternativa que en el pasado sonó fuerte y supo ser descartada. Se trata de un acuerdo standstill, es decir, un congelamiento de las charlas y los pagos hasta un plazo futuro. Cuando en abril Guzmán lanzó su primera oferta sin el acuerdo de los acreedores se optó por desechar esa posibilidad. Hoy, dado que ese parate se dio de facto -Argentina suspendió sus pagos y las conversaciones no llegaron a puerto- es difícil pensar que los bonistas la acepten.
Tal como fue presentada, la propuesta de canje que vence mañana necesita de la aceptación de tenedores de deuda que entre todos sumen al menos el 50% del capital emitido en bonos elegibles. Si no se alcanza ese umbral, la propuesta será descartada por el propio Gobierno. Ese compromiso por escrito fue incluido para permitir a los bonistas minoristas o indecisos adherir a la propuesta de canje sin correr el riesgo de quedar atrapados en una operación parcial o fracasada.
Pero los fondos liderados por Blackrock, Ashmore y Fidelity aseguran tener entre todos más del 50% necesario, con lo cual el canje no se podría concretar sin su participación.
Para los bonistas la amenaza de dejar inconclusa la renegociación con privados para pasar a priorizar al FMI no es más que parte del juego. Según argumentan, las propias reglas del Fondo le impiden alcanzar un acuerdo hasta tanto se mantenga en mora con el sector privado. Las dos partes aceleran hacia la colisión. En las próximas horas se conocerá quién volantea primero.
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