
Mientras el ministerio de Economía da los últimos toques a la redacción de la “enmienda” de la oferta para reestructurar la deuda que presentará a la Securities and Exchange Commision (SEC), el regulador bursátil de EEUU, el Gobierno afina la artillería legal a descargar esta semana.
Economía y los comités de bonistas renovarán las cláusulas de confidencialidad y seguirán negociando para arrimar posiciones e intentar que la oferta llegue con buenas chances.
El procedimiento formal se iniciará con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial y la posterior, casi simultánea, presentación ante la SEC, que a su vez activará un período para que los acreedores se expidan sobre el convite oficial, que sería la última y definitiva. La intención, dijeron fuentes oficiales, es llegar “en el mínimo tiempo posible” a un acuerdo de partes.
Las negociaciones, mezquinas en detalles numéricos, continúan. El plazo para la presentación de la enmienda vence el viernes 12; lo que está en juego es la reestructuración de pasivos por unos USD 66.500 millones.
Entre los acreedores hay diferencias respecto a cuán conversado y negociado será el final. Algunos esperan conocer bien la propuesta antes de que sea presentada. Otros no están seguros y advierten que sería un error que el Gobierno insista en avanzar a tientas y arriesgar un fuerte rechazo, como sucedió con la primera presentación.

Descifrando al FMI
Los últimos días se caracterizaron por un juego de interpretaciones en torno de cuál es exactamente la posición del FMI en la pulseada. Si realmente le fijó límites estrictos a Guzmán –como dice el propio ministro, para moverse lo menos posible de la oferta inicial- o si en cambio el señalamiento del escaso margen significa –como quieren creer o hacer creer los bonistas- que ese margen existe y la Argentina puede pagar unos centavos de dólar más por cada dólar de deuda a reestructurar.
Más allá de esas interpretaciones, hay coincidencia en que la oferta final estará muy cerca de los 50 centavos de “Valor Presente Neto”, la cifra que usan los mercados financieros para resumir la parafernalia de bonos, plazos, monedas, cupones, evolución de tasas y lindezas como la existencia o no de papeles adicionales cuyo valor engorde con esos intereses o algún otro artificio, como lo fue el “cupón del PBI”.
Al fin de la semana pasada, fuentes del Comité que lideran los fondos Fintech y Gramercy aseguraron que la propuesta que habían arrimado a Economía implicaba un valor de 53 centavos por dólar (o 53 dólares por cada 100, como lo presentan otros) y que la propuesta no había sido moldeada por sus ambiciones sino que surgía de “un análisis en torno a lo que la Argentina puede pagar”. Tan corta distancia con el umbral que señaló el FMI podría salvarse con “varios elementos cuantitativos o cualitativos a estudiar”, dijeron, a la espera de ver los naipes del gobierno.
En la vereda de los acreedores que encabeza Hans Humes, del fondo Greylock, fueron más claros en un punto: sí o sí exigen conocer de antemano la oferta oficial antes de que la presente a la SEC. ¿Cuán apetecible les resultaría un eventual cupón PBI? La respuesta fue que quieren saber de qué estaría hecho ese dulce antes de decidir si lo probarían.
Por último, en el campamento del Comité Ad Hoc, como se dieron en llamar los fondos más grandes, encabezados por el Non Plus Ultra de los grandes, BlackRock, dijeron, como quien hace una sufrida concesión, que podrían conformarse con 54 centavos por cada dólar de deuda nominal argentina en sus carteras, y que más que la incierta promesa de un postre los convencería un pago “cash”, para comprarse lo que quieran. De hecho, señalaron, aún hay juicios en Nueva York, ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan -donde se calzaba la toga Thomas Griesa y hoy lo hace Loretta Preska- por el cupón PBI del canje 2005.

Sin cash
En Economía, sin embargo, descartan totalmente algún pago cash, pero admiten la posibilidad de acortar plazos de los bonos más largos y de algún título “contingente” de los que estaría dispuesto a saborear la gente de Humes pero no la de Larry Fink, el CEO de BlackRock.
Los tres comités de bonistas con los que durante las últimas semanas Economía estuvo intercambiando pareceres, papeles y promesas de confidencialidad tienen aproximadamente el 40% del valor de la deuda a reestructurar, entre 26.000 y 27.000 millones de dólares. Convencer más acreedores es tarea de los bancos colocadores contratados por la Argentina, el Bank of America (BOFA) en EEUU, y HSBC en Europa.
Otra certeza entre tanto misterio es que, incluso en caso de un canje de deuda exitoso, quedarán “holdouts” con los que lidiar en el futuro. Serán actores de la próxima temporada de la larga saga de la deuda.
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