Un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales solicitaron que la firma Vicentín —actualmente en concurso de acreedores— se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. A través de una carta, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria.
La compañía Vicentín, principal exportador de harina y aceite de soja, solicitó la apertura de un concurso de acreedores en febrero de este año. La empresa enfrenta una deuda en default que ronda los USD 1.250 millones y su principal acreedor es el Banco Nación.
La carta está firmada por varios miembros del Gobierno, como Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco. Además, en el texto se incluyó un pedido de entrevista urgente con el presidente Alberto Fernández.
“El avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante. Situación ésta que será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la justicia”, expresaron en el texto.
Vicentín es socio de la multinacional suiza Glencore en Renova, una empresa productora de biodiésel. Hasta diciembre de 2019, ambas participaban en la firma en partes iguales, pero luego Glencore adquirió un 16,7% adicional y ahora controla dos tercios de las acciones.
“Siendo evidente que el fraude consumado por Vicentín incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a traves de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá, consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación”, reclamaron.
La propuesta del grupo que firma la carta es que el Estado intervenga sobre el concurso de acreedores de la empresa —al que consideran un “fraude”— y que el Grupo Vicentín se convierta en una “empresa testigo” en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos.
“Vicentín es estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos. Por eso el gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales que Vicentín tuvo hasta ahora”, expresaron.
Aún en concurso de acreedores, la compañía continua siendo una de las mayores agroexportadoras. Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) presentado en marzo muestra que se encuentra en el puesto número seis, con 8,4 millones de toneladas exportados o un 9% del total de ventas externas agroindustriales.
La lista de personas que apoyó el reclamo cuenta con otros dirigentes políticos e intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa y Rubén Giustiniani. Y algunos referentes del sector agrícola como Omar Principi, ex presidente de la FAA; Juan Manuel Rossi, presidente de Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y Francisco Paco Durañona, del Movimiento Arraigo.
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