
Los bonistas afirman que, pese a que abrió una instancia formal de diálogo este fin de semana, el Gobierno se mantiene demasiado tajante en una oferta de 45 centavos por dólar que no será aceptada.
Fuentes ligadas a los acreedores indicaron a Infobae que están preocupados por la falta de avances en las conversaciones desarrollada con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo financiero.
No se observa avance alguno y, por el contrario, hay un fastidio genuino por parte de los acreedores ante la intransigencia y falta de credibilidad mostrada por Guzmán, expresó.
La fuente destacó que los fondos han expresado una genuina intención de negociar y de llegar a un acuerdo, luego de que el Gobierno cayera en un nuevo default el viernes pasado al no pagar un vencimiento de 503 millones de dólares.
En concreto, desde el viernes a la noche el ministro ofrece una oferta con un valor presente neto global de 45 y los fondos de inversión oscilan entre 53 los bonistas con títulos del canje de deuda del 2005 y 55 los que tienen los emitidos en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
El mercado da por descontado hace bastante tiempo que podría haber acuerdo en torno de los 50 centavos por dólar.
El Gobierno habría cedido en la idea de pagar algunos intereses durante el período de gracia y en subir medio punto el cupón inicial (que arrancaba en el 0,5%).
Además, según esta fuente, el equipo económico no habría aceptado la propuesta del comité de bonistas liderado por Monarch Capital y asesorado por el abogado Dennis Hranitzky de incluir un cupón ligado al PBI. Estos acreedores, los primeros en pedir el viernes que se reanudara de inmediato la negociación, quisieron incluir este warrant como compensación por haber sufrido una quita previa durante el canje del gobierno de Néstor Kirchner.

Además, por la estructura del cupón, le explicaron al equipo económico que en su nueva versión no dispararía pagos exorbitantes como los del 2005, ya que tiene un “techo”
En este sentido, Federico Furiase, director de ECO GO, dijo que “respecto a la versión anterior tiene a favor, desde el punto de vista del deudor la existencia, de un tope en el flujo, esta nueva versión impide el riesgo de un aumento exponencial en el flujo de pago en escenarios de alto crecimiento económico o atraso cambiario insostenible, vía brecha o endeudamiento”. “En el mejor de los escenarios, el instrumento pagaría siempre el cupón de 2,5% lo que implicaría un desembolso anual de USD286,5 millones”, precisó Furiase.
Ante esta actitud oficial, indicó la fuente ligada a los bonistas, “muchos fondos están considerando seriamente patear el tablero y esperar” a ver cuál es la oferta que Guzmán podría presentar en unos días.
Sin embargo, luego del rechazo de más del 80% de los acreedores, los fondos pensaban que el equipo económico iba a adoptar una actitud más proclive a la negociación.
En Economía aseguran que es así y que por esta razón los bonos el viernes no se desplomaron pese al default. Aclaran que no pueden dar detalles de las negociaciones por las cláusulas de confidencialidad que se firmaron y ratifican que la oferta original será “enmendada”, es decir, con algunos cambios.
Sin embargo, los acreedores creen, por ahora, las negociaciones no llevan a ningún lado.
“Cada día qué pasa se pierden reservas del Banco Central y los activos reales pierden cada día qué pasa más valor. A veces parece que la estrategia oficial es decir que el Gobierno trató de arreglar pero que los acreedores fueron intransigentes, para avanzar contra el sector privado en la Argentina”, sentenció otro economista que sigue las negociaciones.
Un informe de la consultora LCG indicó que “la apuesta del ministro de convencer a los acreedores con el argumento de que deben usar una tasa de salida (exit yield) baja debido a que el ‘nuevo perfil’ es sostenible, argumento que es muy coherente desde un punto de vista técnico o académico, no convence a los acreedores. Principalmente porque cuando uno ve la historia de distintas reestructuraciones nunca fue inferior al 9%, y en promedio superó al 10%”.
“Truncada la idea de conseguir más valor en la propuesta vía convencimiento de reducir la exit yield, el ministro deberá hacer concesiones en términos de tasa, quita de capital, maturity y período de gracia. Sus opciones se reducen a una combinación de esto o incluso agregar algún sweetener, como un gdp warrant, aunque en nuestra opinión el mercado valora poco esta última opción en relación con el costo que podría tener”, indicó el equipo de LCG.
De inmediato, aclararon que “no es solo un ‘tire y afloje’ entre el país y los acreedores; el Gobierno debe aumentar el NPV, con eso se reduce el alivio fiscal (debt relief) pero aparece una tercera variable que parece importarle al Gobierno, y es el ahorro que se genera entre el perfil de vencimientos actual y el nuevo para los próximos 5 años”.
“Esto tiene sentido, no sólo políticamente, sino pensando que Argentina no retomará rápido el acceso a los mercados”, aclararon los economistas liderados por Guido Lorenzo.
De todos modos, el equipo económico asegura que quiere resolver cuanto antes este problema para encarar en forma profunda otras cuestiones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer en 2021.
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