Alberto Fernández decidió extender la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo a las 17.00, hora de Nueva York. El Presidente apuesta a un acuerdo con los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina para esquivar la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Nueva York.
La fecha del 22 de mayo no es un hecho casual. Ese día vence el período de gracia de un pago de 503 millones de dólares de intereses del bono Global, y Alberto Fernández se puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si el 22 de mayo no hay acuerdo con los fondos, y al final no se paga estos intereses vencidos, Argentina caería en default.
La resolución redactada por el Ministerio de Economía también establece otra fecha clave en el proceso de negociación de los bonos que ejecuta Martín Guzmán bajo las instrucciones presidenciales. Se trata del 25 de mayo: ese día, se debe anunciar los resultados del canje que propuso el gobierno a los acreedores privados.
Los resultados de la primera etapa de negociación, que ahora Alberto Fernández extendió hasta el 22 de mayo, fueron magros y por eso no se han difundido como se estableció en la oferta presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). En Economía y en Wall Street aseguraron a Infobae que la adhesión a la propuesta no llegó al 20 por ciento de los tenedores de los títulos bajo legislación extranjera.
Entonces, acorde al nuevo cronograma, el viernes 22 concluye la vigencia de la oferta oficial y tres días más tarde, el lunes 25 de mayo, se sabrá si Argentina acordó con los bonistas y evitó un eventual default por billones de dólares.
El tercer articulo -y último- de la resolución fija al 27 de mayo como fecha para que el Ministerio de Economía entregue los nuevos bonos y cancele los viejos. Sería el último paso de la negociación con los acreedores privados.
Los bonistas se dividen en tres bloques diferentes. Grupo Argentina Ad Hoc, que encabeza BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital; y el Grupo de Bonistas del Canje, que aglutina a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.
Estos acreedores privados negociaron con Guzmán todo el fin de semana, y aguardaban la extensión de la oferta como una prueba de buena fe. Temían que el ministro de Economía declarara desierto el canje o que introdujera pequeñas de reformas que regresaban la negociación a un nuevo laberinto sin salida.
Alberto Fernández no se cansa de repetir en Olivos que pretende cerrar un acuerdo con los fondos de inversión, pero que no aceptará pagar la deuda a costo de mayor recesión, pobreza y desempleo. El sábado desayunó con Guzmán y decidió que extendiera la vigencia de la propuesta oficial para abrir una nueva etapa de negociación con los bonistas bajo legislación extranjera.
En este contexto, con los nuevos plazos, los fondos tienen que acercar sus pretensiones y Guzmán operar desde una posición que defienda la estrategia política presidencial y que a su vez reconozca que su táctica de negociación dio un resultado muy débil y acotado.
Los bonistas -acorde a sus voceros en Nueva York- proponen los siguientes cambios básicos en la oferta oficial:
1. Reducción del período de gracia.
2. Pagó de los intereses durante la vigencia de ese período.
3. Eliminar la quita de capital.
Guzmán quedó en contestar y a continuación empezó a trabajar en una modelización junto a su equipo técnico del Palacio de Hacienda. Ahora le restan 11 días para cerrar un acuerdo con los acreedores privados y evitar un default por 66.000 millones de dólares que incluiría los títulos de la era Néstor Kirchner y los bonos emitidos en la administración de Mauricio Macri.
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