El equipo económico oscila entre el escepticismo y el desinterés respecto del impuesto a las grandes fortunas que impulsa el kirchnerismo en el Congreso.
La postura es más tajante en el Ministerio de Economía, que, por potestad, se ocupa del estudio y la reglamentación de las cuestiones tributarias.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo la postura es de mayor cautela, pero dan a entender que la iniciativa está lejos de ser una prioridad.
Tampoco en el Congreso la postura es unánime en favor de esta gravamen dentro del oficialismo. Allí se escudan en que no han recibido una orden para empujar el tema por parte del Poder Ejecutivo, más allá de las palabras de Alberto Fernández en las que dijo que apoyaba la idea, pero que era una cuestión del Parlamento, en lo que muchos interpretan un gesto para no enfrentarse a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Desde el Palacio de Hacienda no quieren repetir la fallida experiencia del impuesto a la renta financiera, que generó una extenuante discusión a cambio de una muy escasa recaudación. Más aún, durante el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los ejes que cambió claramente el ánimo de los inversores locales en el inicio de la crisis económica. De hecho, este gobierno fue marcha atrás con el alcance de dicho tributo.
En Economía entienden que la iniciativa que impulsó primero el jefe del bloque Máximo Kirchner y que materializó el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda, Carlos Heller, tiene una alta carga simbólica pero un escaso efecto práctico.
Poco efectivo es el concepto que utilizaron para describirlo fuentes de la cartera consultadas por Infobae.
Además, creen que no es el momento para sumar otro impuesto en este contexto de crisis económica, sino recaudar los que existen en forma más eficiente, por más buena intención que contenga la idea.
En este sentido, creen que es más lógico poner el acento sobre una mayor fiscalización por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre esos grandes contribuyentes o, eventualmente, en otro paquete de estímulo para aplicar un incentivo antes que una mayor carga fiscal. ¿Otro blanqueo? La palabra no se mencionó, por ahora, aunque algunos integrantes del oficialismo en el Congreso lo impulsaban hasta que se toparon con el proyecto de Máximo Kirchner.
Expertos del área económica reconocen, además, que quienes supuestamente serían alcanzados por esta iniciativa a partir del ejercicio fiscal 2020, si el proyecto se sancionara este año, harán lo posible para alejarse de la base imponible.
En tanto, días atrás, el ministro Matías Kulfas dijo en varias entrevistas que es bueno debatir el proyecto, pero aclaró que no gravaría a las empresas, sino a las personas humanas.
De todos modos, la prioridad de la cartera de Desarrollo Productivo está en asegurarse que las empresas reciban los fondos necesarios para pagar los salarios y puedan subsistir. Todo el resto, aclararon, está en un segundo plano.
Los ejes del proyecto
Mientras tanto, Heller avanza con la confianza de tener el aval político suficiente para presentar el proyecto en Diputados, apenas la cámara empiece a tratar proyectos que hayan pasado antes por las comisiones respectivas. Dada la modalidad virtual que se prevé, no será en el corto plazo.
Heller aseguró que el proyecto está listo pero que, por supuesto, avanzará o no según la decisión política del Gobierno. Hasta ahora, no recibió ninguna indicación de frenarlo.
La iniciativa arranca con una alícuota del 2% para las fortunas mayores a $200 millones y termina en el 3,5% en aquellas superiores a los 3000 millones de pesos,
Según los cálculos sobre los que se basó el proyecto, alcanzaría a unas 12 mil personas y generaría una recaudación de USD 3.600 millones. Aunque el saldo recién se pagaría en 2021, la idea es que haya un régimen de anticipos para que parte de ese dinero entre al fisco este año.
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