Deuda: los acreedores de la Provincia aceptan negociar y creen que puede haber un acuerdo en junio

La provincia de Buenos Aires logró que una parte de sus acreedores acepte comenzar a negociar una reestructuración de los próximos vencimientos de la deuda.

Luego del fallido que tuvo a principio de año, cuando buscó un canje compulsivo, la decisión de nombrar dos bancos para que lleven adelante las negociaciones parece haber allanado el camino de cara a la renegociación de los vencimientos por USD 11.200 millones.

Mediante un comunicado, el comité de bonitas de tenedores institucionales de deuda que agrupa a 35 instituciones tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires anunció que comenzarán las conversaciones con los bancos Citi y Bank of America para llevar adelante una reestructuración de 11 bonos en ley extranjera emitidos por la provincia.

“El comité está comprometido con los principios del G20 de reestructuración justa de deuda” señala el comunicado. Y esto significa transparencia, flujo de información, acciones de buena fe y tratamiento justo entre los distintos tenedores”, señala el documento. “El objetivo clave del comité es proteger los intereses de los bonistas” mientras la provincia busca cumplir con el desafío de hacer frente a sus sus servicios de deuda, lo cual requiere “esfuerzos colaborativos entre las partes”.

Por último señala que el pasado 3 de marzo consejeros de este comité se reunieron con representantes de la provincia y ahí le comunicaron que están “listos” para comenzar las discusiones. También adelantaron que el proceso llevará un tiempo y que “se espera una resolución entre mayo y junio”.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense informó que “ha seleccionado a Bank of América y Citi para asistir a la provincia de Buenos Aires en el proceso que busca dar sostenibilidad a la deuda pública provincial regida por legislación extranjera”. La cartera que conduce Pablo López indicó que la “designación que queda sujeta a la contratación en cumplimiento de los requisitos administrativos”.

Desde el entorno del ministro López señalaron que el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia “está manteniendo reuniones con todos los tenedores de bonos, incluidos los representantes del Comité de Bonistas, ya que se está trabajando en el proceso de reestructuración de deuda”.

En tanto, el ministro López, que hoy se reunió junto al subsecretario de Finanzas de, Agustín Álvarez, con Jordan Schwartz y Peter Siegenthaler, representantes del Banco Mundial para repasar los préstamos vigentes y el trabajo que está realizando con el fin de acelerar su ejecución. Asimismo, en la reunión se conversó sobre posibles nuevas líneas de financiamiento que contribuyan a integrar a la Provincia social y productivamente.

Cambio

El cambio de estrategia parece haber resultado teniendo en cuenta que la experiencia anterior que no sólo que “crispó” a los acreedores sino que algunos sectores señalan que enturbió las negociaciones de la Nación. El 14 de enero pasado la provincia lanzó una “solicitud de consentimiento” a los tenedores del bono, un mecanismo estipulado en el contrato original que sirve para cambiar las condiciones de pago con el consenso de los bonistas. La propuesta original consistía en postergar el pago de los USD 250 millones de capital hasta mayo, pero la fecha límite para adherir a esa propuesta pasó sin obtener el acuerdo de tenedores que entre todos sumen al menos el 75% de la emisión original.

“Trabajamos en línea con la Nación”, señalaban en la provincia como para señalar que no había sido una medida unilateral de Kicillof a espalda de la Casa Rosada. Y fue cierto, el rechazo al canje compulsivo que lanzó el gobernador fue rechazado y en el Ministerio de Hacienda de la Nación, y también de la provincia, tomaron nota. A partir de ese rechazo que significó el pago del bono Buenos Aires 2021 (BP21) por USD 250 millones en concepto de capital y otros USD 27 millones de intereses, se aceleraron las negociaciones con los bancos para que sean ellos los que asistan en el proceso que busca dar “sostenibilidad a la deuda pública” regida por legislación extranjera.

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