
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la gestión de Cambiemos dejó una deuda de $35.000 millones y varios proyectos paralizados.
El funcionario, luego de reunirse con intendentes y gobernadores, se prepara para salir de gira la semana que viene, en la que anunciará el relanzamiento de varias obras paralizadas en diferentes zonas del país.
“Nosotros armamos una mesa de trabajo con objetivos muy claros, priorizando las obras y fijando esa prioridad jurisdicción por jurisdicción”, dijo hoy Katopodis, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al anunciar obras para las comunidades indígenas y la puesta en marcha de la Ruta 51, que significa la salida de la provincia del Norte hacia el Pacífico.
"El 60% de la obra pública estaba paralizada. Recibimos una situación muy delicada. La crisis que hemos heredado es tremenda. En Obra Pública tenemos que hacernos cargo de una deuda muy grande”, aseguró el funcionario.
Desde el entorno del ex intendente señalan que al problema de las obras paralizadas y la deuda con los proveedores se le suma la falta de presupuesto 2020. “Sin presupuesto es muy complejo plantear soluciones. Hay una prórroga del 2019, pero para los grandes números o para intentar ser equitativo en cuanto a lo federal, necesitamos uno nuevo. Además, tampoco contamos con los fondos del año pasado. Un ejemplo es lo que se utilizó para el Paseo del Bajo, que fueron alrededor de 6.000 millones de pesos; este año no están", indicaron.

En paralelo al listado de obras y deudas, y junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz, Katopodis intenta reforzar la transparencia en el sector de la obra pública que arrastra acusaciones judiciales tanto de corrupción como de cartelización. Bajo el nombre de “Programa de Fortalecimiento de la Calidad Institucional para la Transparencia en la Contratación de la Obra Pública”, el ex intendente quiere que toda la información referida a las licitaciones, las ofertas y la ejecución de cada uno de los proyectos esté disponible y sea de fácil acceso.
Además, buscará crear un Observatorio Federal de la Obra Pública en el que habrá presencia del sector académico, organismos internacionales y miembros de la oposición. Esta herramienta estaría operativa a partir de marzo.
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