
Los rumores que comenzaron a circular durante esta semana acerca de las medidas que estaba estudiando el nuevo equipo económico incluían un aumento en los derechos de exportación. Efectivamente, hoy el Gobierno oficializó, por decreto, una suba de las retenciones, pero también por resolución anunció que permanecerá cerrado durante lunes y martes el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo que generó una gran especulación sobre si las medidas de hoy son las definitivas.
Varios economistas consultados consideraron sospechosa esta estrategia y no descartaron, ante la consulta de Infobae, un nuevo aumento en estos gravámenes, con los que, antes de esta suba, el fisco proyectaba recaudar unos $380.000 millones en el año.
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Por otro lado, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de los otros economistas del gabinete, como Cecilia Todesca, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estuvieron trabajando hasta anoche -y seguirán durante el fin de semana- en todas las medidas que integrarán el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que enviará el Ejecutivo al Congreso la semana próxima. En esa iniciativa, trascendió que incorporarán otros aumentos tributarios, como el recargo a las compras con tarjeta en el exterior -denominado dólar turista- y la suba de Bienes Personales, con el objetivo no sólo de cerrar la brecha fiscal de este año, sino también afrontar las erogaciones de 2020 en materia de jubilaciones, asignaciones y salarios.

Según afirmó a este medio Juan Manuel Garzón, economista jefe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, “no está claro el faltante de recursos con el que va a terminar el año”, pero ese bache de déficit primario ronda entre $100.000 y 150.000 millones. Los intereses de la deuda podrán reperfilarse, pero el fisco deberá conseguir esos fondos para cerrar la brecha fiscal de 2019. Y de acuerdo con un ejercicio realizado por Garzón en base a subas en las retenciones similares a las oficializadas hoy, la recaudación adicional no sería tan importante.
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“Con este escenario, los ingresos adicionales rondarían los $ 65.000 millones, ya que en soja, por ejemplo, debemos comparar el 30% actual con el 27%/28% promedio de los últimos doce meses. Es poca la suba en términos fiscales para las urgencias que tiene el kirchnerismo”, aseguró el economista. En un escenario de alícuotas como existían en 2015, de 35% en la soja, 20% en los cereales y 32% en los derivados de la oleaginosa, el aumento en los ingresos sería de unos $130.000 millones anuales, precisó Garzón. “Con derechos de exportación solo no alcanza. Si no contienen la fórmula jubilatoria, tendrá que haber más emisión o subir más los impuestos”, agregó.

Por su parte, Gabriel Caamaño, de EcoLedesma, coincidió en que debido al cierre del registro, “probablemente puedan venir más modificaciones y que esto haya sido un primer paso”. “El ministro Guzmán dijo que no había mucho espacio para emitir y tampoco bajar el gasto; además, el mercado de capitales está cerrado. El déficit hay que cerrarlo de alguna manera. Los derechos de exportación tienen la ventaja, para el Gobierno, de que no se coparticipan y que se justifican por el mayor tipo de cambio real y el beneficio que supone para el sector, lo cual es muy discutible", afirmó el economista, al remarcar que “el país está a las puertas de otra seca importante, que afectará la rentabilidad del agro y, por ende, los ingresos adicionales que supone para el fisco este aumento”.
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Respecto del beneficio fiscal que supone esta suba de retenciones, Federico Furiase, de EcoGo, recordó que hubo una importante aceleración en las declaraciones juradas de ventas al exterior ante la sospecha de que el nuevo gobierno aumentaría las retenciones, por lo que “ello fue licuando el ahorro fiscal que pueden generar los derechos”. Frente a los rumores de las medidas que se aproximaban, los productores vendieron por adelantado la cosecha gruesa, los exportadores declararon esas ventas y pagaron retenciones a valor viejo. Por lo tanto, esos ingresos ya no estarán en 2020. “Conozco productores que tienen el 100% de la cosecha vendida”, sumó Garzón.
“Se están dando señales fiscales por lado de los impuestos para generar la consistencia fiscal requerida. Ahora faltaría otra señal por lado de la desindexación de las jubilaciones y las prestaciones sociales hacia adelante. Sería un buen complemento para darle credibilidad a la consistencia fiscal que se requiere para tener una reestructuración de la deuda exitosa, bajar el riesgo país y aflojar la restricción de dólares con la que está operando la economía”, aseguró el economista.
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Para Daniel Artana, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), “no es una buena medida subir retenciones, pero es menos de lo que se esperaba”. En cuanto a la cuestión fiscal, planteó que “podría haber sido un buen gesto, aunque fuera simbólico, que el gobierno anuncie una baja del gasto, ya que a veces ayuda para anunciar, al mismo tiempo, suba de impuestos".
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