Una delegación de empresarios del sector industrial buscaría reunirse en las próximas horas con el futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para anticiparle su oposición a la decisión de Alberto Fernández de comenzar su gobierno, el 10 de diciembre próximo, con un aumento general de salarios que alcance también los haberes jubilatorios y los planes sociales.
La difusión de este aumento general, con el que Alberto Fernández quiere inaugurar su gestión presidencial para dar un “baño de peronismo” a su gestión, como se define en su entorno, generó malestar entre los hombres de negocios, que coinciden en que será perjudicial para las empresas un reajuste salarial que “no podrán otorgar” algunos sectores de la economía o pymes en crisis.
Los empresarios pedirán detalles del aumento general que se analiza y propondrían que eventualmente se faculte a las empresas a otorgar una suma fija de acuerdo con las posibilidades de cada compañía. También quieren hablar con Moroni de otras eventuales decisiones del próximo gobierno que están empezando a trascender y que también causan preocupación en el sector, como la declaración de la emergencia ocupacional (que anticipó Infobae) y la designación de abogados vinculados con sindicatos en los principales puestos del Ministerio de Trabajo.
Moroni anticipó el otorgamiento del aumento general a un grupo de dirigentes de la CGT en un contacto reservado que se realizó anteayer, durante el cual, de todas formas, admitió que no hay precisiones: sólo insinuó que se trataría de una suma fija a cuenta de futuros aumentos, pero que aún no se sabe de qué monto será, cómo se instrumentará ni de qué manera se podrá financiar.
Alberto Fernández quiere llamar a un acuerdo general de precios y salarios con empresarios y sindicalistas en sus primeros días de gobierno e imagina que el punto de partida para la convocatoria debe ser un aumento de emergencia, ya que, dicen cerca del presidente electo, la inflación carcome los ingresos por la remarcación de los productos de la canasta básica familiar y esa tendencia podría acelerarse antes del 10 de diciembre por la inminencia de nuevos controles.
El futuro ministro de Trabajo está elaborando diversas propuestas vinculadas con la generación de empleo, que será uno de los ejes del próximo gobierno, y que incluyen medidas que favorecerían a las microempresas y a las pymes con ventajas impositivas, previsionales e indemnizatorias para aquellas empresas que creen nuevas fuentes de trabajo y no despidan personal.
A los sindicalistas, Moroni también les aseguró ayuda con los millonarios fondos de las obras sociales, que administraría un hombre de Héctor Capaccioli, amigo de Alberto Fernández que fue superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña K en 2007.
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