
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que el pago del bono de fin de año de $5.000 será obligatorio para el sector privado, pero no para el público. No obstante, advirtió que las negociaciones se terminarán de cerrar en los próximos días.
"Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas y, en principio, englobaría al sector privado. Hasta que el sector público no cierre sus paritarias, hoy estaría solo vinculado al sector privado. Estamos terminando junto con técnicos de la CGT, de la UIA y de las otras cámaras de redactar el texto", señaló el funcionario en una entrevista con Radio Continental.
Ayer, luego de una reunión con gremios y cámaras empresarias, se había dejado trascender que el pago extra iba a depender de la voluntad de cada sector. Sin embargo, en las últimas horas hubo un cambio que motivó al funcionario a anunciar la obligatoriedad del pago. CAME y UIA ya expresaron públicamente que no todos podrán afrontar la cuota.
Con respecto al valor del bono, explicó que tiene un límite de $5.000 como no remunerativo. "Para las empresas que puedan pagar más, el excedente
ya sería remunerativo. Hay empresas que hoy están en condiciones de pagar más", aseguró.
"La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando parte de la recaudación con el pago no remunerativo", añadió el ministro. Además, resaltó que el Gobierno viene manteniendo un "diálogo fluido" con todos los sindicatos y que se reconstruyó la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado.

"Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiamiento de corto plazo. Esto tiene un impacto para algunas empresas que no lo puedan pagar", indicó el ministro.
Otra opción para las empresas que no puedan afrontar el pago del bono es que se tome "a cuenta de futuros aumentos", explicó Sica. "Va a ser una obligatoriedad, pero con marco flexible. Estamos en meses donde vemos una desaceleración de la inflación y el bono puede servir como puente para paliar estos meses".
Con todo, Sica reconoció el "impacto de la crisis" en los salarios, pero aclaró que desde el Gobierno se está haciendo todo lo posible para recuperar el crecimiento.
En este marco, en la reunión del martes también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de una resolución en el Boletín Oficial. La intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos.
Del encuentro participaron los sindicalistas Héctor Daer (FATSA), Rubén Pronoti (UOCRA), Roberto Fernández (UTA); Andrés Rodríguez (UPCN), Robustiniano Argentino Geneiro (Gastronómico), Amadeo Genta (SUTECBA); Omar Maturano (La Fraternidad); Armando Cavalieri (FAECYS), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Carlos Acuña (Garagistas); Jorge Sola (Seguros); y Abel Fruto (Panaderos).
Por parte del sector empresario estuvieron presentes Miguel Acevedo (UIA); Álvarez Saavedra (UIA), Daniel Funes de Rioja (COPAL), Gustavo Weiss (CAMARCO), Natalio Grinman (CAC) y Gerardo Díaz Beltrán (CAME), entre otros.
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