Corredores viales: las dudas que carcomen al "Club de la Obra Pública"

Tienen por delante un proyecto de enorme envergadura: invertir USD 6.000 millones para desarrollar una red de 3.300 rutas y autopistas en toda la Argentina . Pero los diez consorcios -con presencias locales e internacionales- que se presentaron ayer para la licitación lanzada por el Gobierno tienen un enorme signo de interrogación aún no despejado: de dónde sacarán los fondos para llevar adelante semejante inversión.

El sistema de Participación Público Privada (PPP) tuvo así su debut, pero recién arranca. La segunda parte será el 10 de mayo, cuando se abran los sobres con las ofertas económicas. Allí se sabrá qué condiciones de repago a la inversión exige cada uno de los consorcios y eso es lo que determinará quiénes se adjudican los seis corredores viales definidos. Entre los diez consorcios realizaron 32 ofertas, lo que significa que la mayoría presentó propuestas para dos o más de esos corredores. Ayer fueron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el de Finanzas, Luis Caputo, los que abrieron los sobres luego de varios meses de preparación.

Los próximos pasos que deben enfrentar los consorcios privados que resulten adjudicados son los que generan grandes dudas. Y ese era uno de los temas que los empresarios de la construcción conversaban en los pasillos del segundo piso del CCK, donde se realizó la apertura de sobres con las ofertas técnicas.

La búsqueda de financiamiento es clave

¿Cuáles son esas etapas que le quitan el sueño a los ejecutivos? El primero es integrar las garantías para empezar a realizar la obra. Se calcula que serán aproximadamente unos USD 150 millones por cada consorcio ganador. Se trata de una suerte de "luz" que el Gobierno obliga a integrar para asegurarse que las empresas que fueron adjudicadas tienen un compromiso firme de efectuar la inversión. Si en el camino desistieran de hacerlo, entonces habrán perdido ese dinero inicial. Si por el contrario llevan adelante la propuesta, esos fondos se podrán aportar al negocio.

Pero después aparece lo más difícil de todo. Buscar de qué manera financiar una inversión que podría demandar unos USD 1.000 millones por consorcio en los próximos cuatro años.

Por lo que pudo averiguar Infobae, ninguno de los que se presentó ayer -aunque tienen mucha espalda- está dispuesto a integrar capital propio para el grueso de las obras. Por lo tanto, deben salir a los mercados a colocar deuda y con ese financiamiento llevar adelante las obras.

Por eso, cada consorcio ganador va de la mano de un grupo de bancos de inversión que luego saldrán a buscar ese dinero con la colocación de nuevos títulos. Pero si bien esos bancos se comprometen a buscar interesados para financiar las obras, ninguno asegura que los recursos estén realmente disponibles. En los próximos meses se conocerán los nombres, pero se trata de los principales bancos internacionales, especialistas en emisión de deuda.

La inquietud de las empresas que integran el "Club de la Obra Pública" es a qué tasa estarían disponibles esos fondos para destinarlos a infraestructura.  Los pronósticos no son muy optimistas. Con un riesgo país que sigue alto, en 400 puntos, y una tasa de Estados Unidos que justamente ayer tocó el 3% anual por primera vez en cuatro años, el panorama no es el mejor.

Con estos valores, el piso de la tasa de riesgo soberano se ubica en 7% anual. Y quien financie estas inversiones en el sector real buscará entre 1,5 y 2 puntos porcentuales adicionales. Así, la tasa de financiación podría ubicarse en valores cercanos al 9% anual en dólares. ¿Es viable llevar adelante grandes proyectos de infraestructura a tasas tan altas? Además, ¿qué tasa le exigirán de repago al Gobierno en los próximos años si el costo de fondeo es tan caro?

Los grupos empresarios argentinos que se presentaron son muchos de los históricos: Roggio, Cartellone, Techint, a los que se suman otros nombres muy conocidos como Marcelo Mindlin (que le compró a Nicolás Caputo su constructora el año pasado) y Eduardo Eurnekian.

El repago de estas millonarias obras es el impuesto al gas oil, cuya recaudación irá a parar a un fideicomiso específico, que acumulará recursos para luego pagarle a los privados.

Todos estos grandes hombres de negocios saben en qué escenario se están moviendo y cuáles son los riesgos. Pero también es cierto que el modelo es distinto al tradicional de deuda pública que siempre se llevó adelante en Argentina. Ahora ya no es el Estado el que aporta los fondos para que los privados efectúen las obras, sino que son las empresas las que deben conseguir ese fondeo en los mercados. Y luego el Estado se compromete al repago de las obras a lo largo de 15 años.

También participan de la compulsa siete empresas internacionales (provenientes de España, Italia, Estados Unidos, Portugal y Colombia), la mayoría acompañando a los locales.

Lo que nadie explica es que la evolución del riesgo país no fue la esperada en estos primeros meses del año. Cuando comenzó a diseñarse el esquema de PPP, se esperaba que la Argentina continuara achicando la brecha de tasas que tienen con el resto de los mercados. Por eso, se estimaba un riesgo país por debajo de los 300 puntos básicos, cuando los países de la región pagan rendimientos que van de 1,5% a 2% (equivalente a un riesgo país de 150 y 200 puntos básicos) por encima de los bonos norteamericanos.

Sin embargo, la turbulencia de los mercados y ciertas dudas por la marcha del plan económico y en particular de la inflación, llevó a que el riesgo país tuviera un desempeño distinto al esperado. El Tesoro se vio obligado a colocar deuda en el mercado local pero con estos grandes proyectos –que arrancan con corredores viales y luego seguirá energía- es otra cosa: requieren de grandes montos que deben ser financiados por los mercados internacionales, de otra manera se vuelven inviables antes de comenzar.

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