
Alberto Abad se fue del Gobierno habiéndole dado uno de los mayores logros a la gestión macrista: el millonario blanqueo de capitales, que superó los USD 100.000 millones, una cifra absolutamente fuera de cualquier cálculo previo. Ese resultado compitió con la exitosa negociación con los holdouts y la ordenada salida del cepo cambiario.
La irreprochable figura de Abad es, indiscutiblemente, lo que llevó a que miles de argentinos decidieran revelar sus fortunas guardadas durante décadas en el exterior. Y los tributaristas se alinearon casi ciegamente detrás del discurso del jefe de la AFIP, que terminó convenciendo a todos que el sinceramiento fiscal era una oportunidad "única" y que se daría por "última vez".
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La divulgación de varios nombres ligados a amigos y a la familia del presidente Mauricio Macri (incluyendo a uno de sus hermanos), junto con el de reconocidos empresarios terminó siendo una mancha en ese exitoso proceso. La banda que traficaba datos fue desbaratada recientemente. Abad había presentado la renuncia entonces por la filtración de la información, pero no había sido aceptada. Sin embargo, su relación con el Ejecutivo quedó deteriorada.
La incuestionable trayectoria y méritos de Abad también lo llevaron a mantener una férrea postura ante dos conflictos que cayeron como una bomba en la AFIP: las millonarias deudas de dos grandes holding empresarios, como el Grupo Indalo (de Cristóbal López, hoy preso) y OCA, propiedad de Patricio Farcuh en los papeles pero que hace varios años ya estaría en manos del sindicalista Hugo Moyano.
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A fines del año pasado, pocos días después de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas, Abad se reunió con los principales hombres de negocios de la Argentina en el marco del Consejo de la Producción, un ente con participación público-privada que dirige el economista de la Universidad Di Tella Bernardo Kosacoff.
En ese encuentro con empresarios, el titular de AFIP dejó en claro que no había lugar para moratorias ni acuerdos especiales para nadie, en clara referencia al grupo Indalo, que pedía acogerse a un plan de pagos para la millonaria deuda superior a los $ 8.000 millones por la evasión del pago del impuesto a los Combustibles. "Acá nadie tiene coronita", les dijo desplegando un largo listado de empresas con causas penales por sus deudas impositivas.
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Leandro Cuccioli, hasta ahora subsecretario de Finanzas, asume con una vara alta en la AFIP. En primer lugar por el peso que significa reemplazar a un funcionario de alto perfil y reconocimiento como Abad. Después, porque la recaudación viene creciendo a todo vapor: 37% en febrero cuando la inflación no supera el 25%, es decir cerca de 12 puntos en términos reales. Es la condición para cumplir con la reducción del déficit fiscal primario desde 3,9% a 3,2% prevista para este año.
Sin embargo, la prueba más dura pasará por tomar una decisión respecto a los casos ya mencionados de empresas con elevadas deudas fiscales. Abad se había puesto terminante en ese punto y no escuchaba otros argumentos sugeridos dentro del propio gobierno. "Primero que paguen sus deudas, después hablamos", era la respuesta que una y otra vez repetía.
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Cuccioli llega de la mano de uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui. ¿Cambiará su postura y terminará negociando con estos grandes grupos empresarios?
En los próximos días se sabrá. Es inminente la presentación por parte de OCA de un plan para regularizar su deuda con AFIP por $ 3.400 millones. El plazo vencía el 1º de marzo, pero hasta el viernes a última hora aún no se había presentado. ¿Le habrán sugerido que espere ante los cambios que horas más tarde se producirían dentro del organismo recaudador? La compañía ya estaba intimada por el Enacom y en caso de no cancelar la deuda provisional perdería su licencia para operar en el marcado telepostal.
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Todavía no asumió formalmente en la AFIP, pero Cuccioli pasará el fin de semana estudiando los casos de OCA e Indalo. Dos casos calientes que rápidamente develarán cuál la impronta de la gestión.
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