El Gobierno nacional aumentó hoy en un 10% los montos de los programas de inserción laboral que tienen como destinatarios a los trabajadores informales de la "economía popular". La suba era uno de los reclamos impulsados por el "triunvirato piquetero", integrado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
Mediante las resoluciones 1471-E/2017 y 642-E/2017, el Ministerio de Trabajo dispuso que las ayudas económicas se incrementen de los 4000 a 4.400 pesos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial. Afectan a los programas "Construir Empleo", "Trabajo Autogestionado", "Programa de Inserción Laboral" (PIL), "Entrenamiento para el Trabajo" (EPT) y de "Transición al Salario Social Complementario" (TSSC), que están bajo la órbita de Jorge Triaca.
Para cobrar los denominados "salarios sociales", los beneficiarios deben estar percibiendo otras ayudas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo o el Progresar, por lo que se trata de una entrada de dinero adicional para los hogares de los grupos económicamente vulnerables. Los estipendios se cobran mediante una tarjeta magnética.
"Esta prestación dineraria tendrá por objetivo solventar, apoyar y promover los esfuerzos individuales y colectivos de los sectores sociales más postergados, dirigidos a concretar su fuerza laboral en un trabajo formal y de calidad", señala la resolución 642 de la cartera laboral.
Si bien estos programas presentan diversas características, por ejemplo, con cobros que pueden extenderse hasta los 24 meses, comparten el objetivo de disponer un ingreso complementario mensual para los trabajadores de la economía "popular" o cooperativistas que se "auto emplean". La intención es que perciban un dinero adicional ante las dificultades para entrar al mercado laboral registrado.
En el caso de "Transición al Salario Social Complementario", el incremento forma parte de la Ley N° 27.345 de Emergencia Social impulsada por los movimientos sociales, la CGT y legisladores de la oposición a fines de 2016, legislación que involucró momentos de tensión con el gobierno de Mauricio Macri.
La actualización de los subsidios era un pedido sensible del sector cooperativista. De acuerdo a la ley, los montos deben ser equivalentes al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cuyo monto se ubica actualmente en 8.860 pesos. Estas asignaciones no se habían incrementado de acuerdo a la normativa y habían quedado retrasadas desde el 1 de julio, cuando empezó a regir el nuevo valor.
"Los programas de empleo están adecuados a la evolución del salario mínimo, que aumentó hace tres meses. Esto inmediatamente se tendría que haber actualizado, pero el ministerio de Trabajo mostró un grado de insensibilidad muy grande al no haberlo hecho antes. Era incomprensible", señaló Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
La suba de estas ayudas sociales se produce en medio de una tregua entre el Gobierno nacional y el llamado "triunvirato piquetero", que está encabezado por la CTEP de Juan Grabois. Los movimientos sociales cuestionaron estos meses al Poder Ejecutivo por sus demoras en la implementación de la Ley de Emergencia Social, que implica una erogación extraordinaria de 30.000 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2019. Los reclamos de los cooperativistas al ministerio de Trabajo como al de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley apuntaban que, hacia el corriente mes, solo se había ejecutado un 40% al ejercicio correspondiente a este año.
En las últimas reuniones, las organizaciones de la "economía popular" se llevaron distintos compromisos de parte del oficialismo, lo cual implicó el levantamiento de cortes de calle y protestas en supermercados. Entre las promesas, no solo se incluyó el ajuste de los montos de los programas de empleo, que se incrementaron hoy, sino el avance de una "mesa técnica" que culmine en un proyecto de ley sobre "seguridad alimentaria" que busque evitar la malnutrición. Se espera que haya progresos en ese punto la semana que viene, cuando vuelvan a reunirse las organizaciones sociales con funcionarios del Gobierno nacional.
El eje de la discusión está en qué políticas implementar para la población bajo la línea de pobreza y con problemas de empleabilidad. Ayer se conoció un nuevo dato que refleja la persistencia del trabajo "en negro". Pese a que la actividad económica creció en el último semestre en un 1,6 por ciento, la cantidad de personas que trabajan informalmente, sin aportes jubilatorios, tuvo una suba de 3 décimas, al ubicarse en 33,7% durante el segundo trimestre de 2017, de acuerdo a datos del Indec. En el mismo período de 2016, ese número se ubicaba en torno al 33,4 por ciento.
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