El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, denunció públicamente una presunta estafa inmobiliaria que, según el propio entrenador, afectó a cerca de 160 inversores, muchos de los cuales habrían perdido los ahorros de toda su vida. Los hechos derivan de la paralización de varios desarrollos habitacionales en La Plata tras el traspaso de la empresa inicial a una nueva administración a finales de 2025, lo que intensificó los reclamos judiciales por la falta de restitución del dinero invertido.
En recientes declaraciones a América TV, Troglio advirtió sobre la gravedad de la situación: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”. Aclaró además que, aunque él puede sobrellevar la pérdida, muchos de los afectados no cuentan con esa posibilidad. La denuncia presentada por Troglio y su esposa tiene como señalados a los administradores del proyecto. En esa presentación judicial, Troglio aseveró que depositó los ahorros familiares en varios fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, animado por la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, beneficios que nunca se concretaron.
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“Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos, con gente allegada a uno, y en medio de un asado te dicen que arman departamentos de pozo. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 o 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, detalló Troglio en la entrevista.
La denuncia, según explicó el DT, fue motivada cuando la filial de la principal desarrolladora prometió la construcción de departamentos, pero dejó de cumplir los compromisos de pago a los inversores. De acuerdo con el relato del entrenador, él y su pareja adhirieron al fideicomiso en 2024, invirtiendo una suma inicial de USD 64.000 por un departamento. El acuerdo establecía una renta mensual hasta la entrega final, aunque Troglio detalló en su escrito que “ese pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona”.
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El director técnico también transfirió otros USD 93.000 a una cuenta en Estados Unidos, siguiendo —según sus palabras— una sugerencia directa, mientras él se encontraba trabajando en Honduras. La denuncia formal plantea inquietudes sobre el destino final de esos fondos, apuntando que “es evidente que los fondos fueron apropiados” por los administradores en cuestión “en sus cuentas personales en el exterior del país”.
Troglio relató que su acercamiento inicial a la empresa surgió en un asado con conocidos. Según su testimonio, las primeras impresiones generaron confianza sobre el emprendimiento. Sin embargo, luego de varios meses, tanto él como el resto de los inversores sufrieron el cese de los pagos y la imposibilidad de retomar la construcción de las unidades ya abonadas por anticipado. “Ahora buscan una administración que termine el trabajo, pero que no nos va a reconocer lo invertido. Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, ya no podés hablar ni te atienden. Yo giré el dinero a una cuenta en Estados Unidos cuando vivía en Honduras. Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata”, ahondó.
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En el periodo de incertidumbre, la constructora indicó que el emprendimiento quedaría en manos de una nueva administración, la cual, según expresó Troglio, “no va a reconocer” los montos aportados por los inversionistas originales. “Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude”, completó.
Actualmente, la causa continúa su curso judicial con la acumulación de presentaciones en distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Se evalúa la unificación de todas las denuncias para su tratamiento común, mientras los afectados, entre ellos figuras del ámbito deportivo y ciudadanos particulares, siguen reclamando la devolución del dinero invertido.
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