Los miembros de la comisión normalizadora de la AFA fueron citados a declarar por una millonaria deuda con la AFIP: uno está prófugo

El escándalo de la votación que terminó con un imposible empate 38-38 en la elección a presidente de la AFA derivó en un momento de completa inestabilidad en el fútbol argentino. La FIFA consideró que el cúmulo de irregularidades existentes eran suficientes como para imponer una "comisión normalizadora". Esa gestión estuvo lejos de alcanzar su objetivo estabilizador y presentó una serie de anomalías que la Justicia investiga de manera exhaustiva.

Aquel mandato "regularizador" culminó hace ya dos años pero la lupa judicial continúa sobre los apellidos que estuvieron a cargo de organizar el fútbol nacional durante un año. El próximo 20 de agosto todos los integrantes de dicho comité deberán presentarse a declarar para explicar una evasión de impuestos que asciende hasta los 84.300.00 de pesos.

La denuncia ante la AFIP fue presentada antes del inicio de la administración de Claudio Tapia, pero él fue quien se encargó de reunir los fondos para cubrir ese bache económico y de realizar el seguimiento judicial desde su puesto en AFA.

Los detalles son más que particulares, aunque lo más resonante es que Carolina Cristinziano está prófuga de la Justicia. La abogada llegó a la Junta Interventora en el rol de secretaria por su currículum en el fútbol e impulsada también por la labor de su esposo –el ex futbolista Gonzalo Belloso–, quien cumplía funciones como director de Desarrollo de la Conmebol. La mujer trabajó, además, con el empresario Gustavo Mascardi en la asesoría legal de agentes de futbolistas y clubes de fútbol.

Entre los citados aparecerán el presidente de aquella Junta Armando Pérez –quien fue líder dirigencial de Belgrano de Córdoba previamente– y el vicepresidente Javier Medín. El cuarto integrante de ese equipo que asumió nombrado por la FIFA fue Pablo Toviggino, por entonces tesorero y hoy uno de los impulsores de la denuncia contra sus ex colegas de directiva.

El actual secretario ejecutivo de la presidencia de AFA se encargó de denunciar públicamente desde adentro las irregularidades que notaba y en enero del 2017 envió formalmente la acusación a la oficinas de la FIFA en formato de "informe de gestión".

Entre otros puntos, advirtió que su puesto como tesorero era "un cargo testimonial" y aclaró: "Surge la probable comisión de ilícitos tributarios, concretamente con la apropiación indebida de tributos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social".

La AFIP ya había realizado una millonaria denuncia penal en diciembre del 2016 basando la estructura argumental en retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de AFA. La auditoría hacía referencia a valores correspondientes de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016.

Desde el organismo de recaudación de impuestos advirtieron que esta maniobra se realizaba para "financiar su desenvolmiento operativo apropiándose de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia".

Cabe destacar que Pérez y compañía fueron elegidos por la FIFA a raíz de la imposibilidad de elegir un presidente de manera democrática en la AFA con el ilógico empate 38-38 en las elecciones. Su mandato era para regularizar todas las situaciones burocráticas de la entidad ubicada en la calle Viamonte y fijar una nueva fecha de elecciones.

El proceso de la Junta se terminó en marzo del 2017 en medio de una crisis y tras la elección de Tapia como presidente por unidad dirigencial con 40 votos favorables y 3 en blanco.