Los móviles de televisión apuntaron para San José 1781, sede central del gremio de Camioneros. Allí, con un gran despliegue de gendarmes, la jueza de Avellaneda, Brenda Madrid, hizo un allanamiento por la causa de asociación ilícita en perjuicio de Independiente, que tiene presos a los capos de la barra e imputados a Hugo y Pablo Moyano. Pero a 30 cuadras de ahí, en simultáneo y de forma mucho más sigilosa, se realizaba otro procedimiento similar pedido por el fiscal Sebastián Scalera y aprobado por la magistrada: se estaban allanando las oficinas en Puerto Madero de Christian Bragarnik, el representante más poderoso de la Argentina, considerado el nuevo dueño del fútbol local. ¿La acusación? Entregar dinero a la barra para favorecer a técnicos o jugadores representados por él. Lo que de ser cierto, lo hace parte del conglomerado delictivo que investiga la Justicia.
El fiscal había puesto en octubre pasado la mira sobre el hombre que maneja en el país a más de 100 jugadores y 15 técnicos, gerencia informalmente a Defensa y Justicia y asesora deportivamente a varios clubes, entre ellos Boca y Racing, de cuyos presidentes, Daniel Angelici y Víctor Blanco, es amigo. Su nombre apareció por primera vez en la causa en 2017, cuando Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), lo mencionó como posible financista de varias barras, entre ellas la de Independiente. Scalera hizo suya la hipótesis y seis meses atrás, cuando pidió la detención de Pablo Moyano, también solicitó el allanamiento de Bragarnik, bajo la convicción de que "existe una fuente de financiamiento de los barrabravas que consiste en apretar a jugadores y técnicos de fútbol, mencionándose como fuente de financiamiento a Christian Bragarnik, quien les suministraba a los barras dinero a cambio del manejo y control de la tribuna al mismo tiempo de asegurarse que los jugadores y técnicos que él representaba quedaban libres de esas agresiones". Bragarnik, por entonces, tenía varios futbolistas en el plantel de Independiente (Víctor Cuesta y Leandro Fernández, entre otros) y había llevado como entrenadores a Jorge Almirón primero y Ariel Holan después, aunque el vínculo con este último finalizó al poco tiempo.
La acusación sobre Bragarnik tuvo después una presunción más que se originó en la declaración de Pablo Bebote Alvarez, cuando mientras le exigía a Ariel Holan 50.000 dólares para financiar a la barra, aseguró: "Acá pusieron todos, ya sea los propios técnicos, o sus representantes". Como prueba daba el nombre de un técnico que dirigió Independiente en la era Moyano que habría aportado de su propio bolsillo, y el resto sugería que venía de los representantes. Y en ese resto estaban los representados por Bragarnik. Alvarez, muchos años antes, ya había hecho esta misma declaración en una entrevista para el diario Olé, admitiendo que los representantes financiaban a la barra.
Y si bien la Justicia no encontró pruebas fácticas de la denuncia, el fiscal Scalera creyó tener una prueba indiciaria suficiente para ir por más. Por eso pidió el allanamiento, que fue denegado en su momento por el juez Luis Carzoglio. Pero éste fue apartado de su cargo y el fiscal volvió a la carga. Con la venia de la Cámara, que le dijo que podía seguir pidiendo las pruebas que quisiera a los nuevos jueces, el 15 de abril pasado elevó el pedido de 11 allanamientos, entre ellos la sede de Camioneros, las oficinas del representante, el fideicomiso Arístides que manejó la plata de los pases de Independiente y las empresas RPA Consulting y Caiban SA, que le daban soporte de software y financiero al club. Y tras ser aprobados por la jueza Madrid, hoy por la mañana, con Gendarmería como fuerza auxiliar, se llevaron adelante. Infobae intentó comunicarse con Bragarnik, pero éste se excusó de hablar porque estaba en el exterior. En su entorno dicen que la denuncia es infundada, que cada vez que hay algún problema aparece su nombre y que la Justicia se encargará de aclarar todo. Bragarnik, con vínculos estrechos con el fútbol y los capitales mexicanos, ya había tenido una denuncia de la AFIP por operaciones sospechosas que terminó archivada. Y confía en que esta historia termine igual. La acusación es brava. Tanto como la barra de Independiente en una causa que amenaza con llevarse puesto a más de un poderoso del mundo del fútbol.
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