La mirada de la expresidenta de Costa Rica sobre la actualidad del crimen organizado en América Latina

Miami, Estados Unidos; de nuestros enviados especiales

Laura Chinchilla gobernó Costa Rica entre 2010 y 2014 y, desde entonces, se convirtió en una de las voces más respetadas de América Latina en materia de seguridad, gobernabilidad y defensa de la democracia. Abogada y politóloga de formación, fue la primera mujer en llegar a la presidencia de su país y acumuló una trayectoria en organismos internacionales que la llevó a presidir el Club de Madrid, una red que agrupa a más de cien exjefes de Estado y de Gobierno comprometidos con el fortalecimiento democrático en el mundo.

Desde ese lugar de observación privilegiado, Chinchilla sigue de cerca la evolución política y criminal de una región que, según advierte, transita un momento bisagra. El crimen organizado transnacional dejó de ser un problema exclusivo de los países históricamente más violentos y se instaló con fuerza en naciones que, hasta hace muy poco, eran consideradas excepciones a la regla: Costa Rica, Chile, Uruguay. El caso de Ecuador –que en pocos años pasó de ser uno de los países más seguros a registrar la tasa de homicidios más alta de la región– funciona para ella como una advertencia que ningún gobierno debería ignorar.

En conversación con DEF en el marco de la XI Conferencia Hemisférica de Seguridad organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación TAEDA, la exmandataria desmonta los atajos que los gobiernos latinoamericanos siguen eligiendo para lidiar con la inseguridad –las redadas, el despliegue militar, los arrestos masivos– y defiende con énfasis las únicas medidas que, a su juicio, producen resultados reales y duraderos: instituciones judiciales independientes, policías profesionales y políticas sociales que ataquen las causas de fondo.

También traza un diagnóstico preocupante sobre el estado de la democracia en la región y señala una paradoja que considera peligrosa: algunos gobiernos están debilitando precisamente las instituciones que necesitan fortalecer para combatir el crimen.

Los problemas de seguridad en América Latina

-¿Qué desafíos identifica hoy en materia de seguridad en América Latina?

-América Latina siempre tuvo el problema endémico de la inseguridad. Por varias décadas, fuimos la región con las tasas de homicidio más altas del mundo, a pesar de no tener guerras. Pero el escenario se volvió más complejo: antes esas tasas eran resultado del crimen común, el que ocurría en las calles y los barrios.

Hoy lo que explica fundamentalmente la dinámica de la violencia es el crimen organizado. Se convirtió no solo en el principal factor detrás de la violencia, sino también en la mayor amenaza a la estabilidad institucional. Estamos ante un desafío mucho más sofisticado y difícil de confrontar.

-¿Cuáles son los errores que se siguen repitiendo en la región para enfrentar estos problemas?

-El gran problema histórico de América Latina es el cortoplacismo. Los gobiernos buscan respuestas que bajen rápido la sensación de inseguridad: organizan redadas, arrestan masivamente, despliegan el ejército en las calles. Son medidas que generan impacto en la opinión pública, pero que no atacan el fondo. Las únicas medidas que funcionan son las estructurales: profesionalizar jueces y fiscales, invertir en policías más eficientes e íntegras, y sostener políticas sociales que reduzcan los factores de riesgo que empujan a los jóvenes hacia la criminalidad. Sin visión estratégica de largo plazo, el problema no se resuelve.

-También habló del retroceso democrático. ¿Por qué cree que ocurrió?

-A partir de mediados de los años ochenta, América Latina vivió una primavera democrática. De tener apenas tres democracias –Venezuela, Colombia y Costa Rica–, la región entera pasó a abrazar el sistema con entusiasmo. Pero, en los últimos diez o doce años, observamos un deterioro claro: concentración de poder en el Ejecutivo, debilitamiento del estado de derecho a través de la erosión de los poderes judiciales, persecución a medios independientes, reducción del pluralismo político.

Todos los informes globales señalan que la democracia en América Latina se debilita más rápido que en cualquier otra región. Y a eso se suma el crimen organizado, que aprovecha exactamente esas instituciones débiles para ganar terreno.

-¿Cómo deberían responder los estados ante esta situación?

-Al menos, no haciendo lo que muchos están haciendo: eliminar la independencia judicial en nombre de combatir la inseguridad. Eso solo incentiva el crimen organizado transnacional. Lo que se impone es una apuesta fuerte por mejorar la calidad de la información con la que trabajan las agencias de seguridad, con apoyo de organismos financieros para detectar el dinero ilícito, y con fiscales, policías y jueces profesionales que garanticen el castigo real a quienes rompen la ley.

Si vamos por ese camino, podemos generar un ciclo virtuoso: confrontar la inseguridad de manera sostenida y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, no debilitarla.

El panorama en Costa Rica

-¿Cómo ve específicamente la situación de Costa Rica?

-Mi país, junto con Uruguay, Chile y Argentina, siempre se caracterizó por ser de los más tranquilos de la región. El primero que cayó fue Ecuador, con un crecimiento exorbitante de homicidios en muy poco tiempo: las bandas criminales tomaron el país y pasó a tener la tasa más alta de América Latina. Hoy Costa Rica va por un camino similar. Chile y Uruguay también registran un crecimiento significativo.

El crimen organizado está presente en todos los países de la región, sin excepción. No nos preparamos como debíamos y ahora tenemos que aprender de la dura experiencia de Ecuador para evitar ese destino.

-¿Qué rol cumple la cooperación internacional en todo esto?

-Es fundamental, porque estamos hablando de un fenómeno que no conoce fronteras. La tarea interna existe –reducir la impunidad, profesionalizar las policías, atacar las causas sociales–, pero tiene que acompañarse de una agenda hemisférica robusta.

Necesitamos acelerar la cooperación, sobre todo en materia financiera, para rastrear el dinero ilícito, en inteligencia e información compartida, y en operaciones conjuntas que vayan más allá de la interdicción de drogas e incluyan la resolución de casos judiciales entre países. Sin eso, ningún Estado puede enfrentar solo a organizaciones que operan a escala regional.