Cuba flexibiliza la inversión extranjera y el uso de tierras estatales en medio de su severa crisis económica

La dictadura cubana puso en vigor este jueves dos decretos que flexibilizan la inversión extranjera y el uso de tierras estatales, dentro de un paquete de reformas con el que el régimen busca atenuar la peor crisis económica de la isla en seis años. El Decreto-Ley 128 permite a las empresas foráneas contratar personal de forma directa, sin pasar por las agencias empleadoras del Estado, y abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central. El Decreto-Ley 130, por su parte, extiende el usufructo de tierras estatales a personas jurídicas hasta por 99 años.

Ambas normas, firmadas el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, modifican la Ley 118 de Inversión Extranjera, vigente desde 2014, y el Código Civil de 1987. Se suman al Decreto-Ley 133, en vigor desde el miércoles, que habilita empresas privadas con más de 100 trabajadores, y a la autorización, la semana anterior, de cadenas comerciales privadas.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, presentó las medidas en rueda de prensa y admitió que su impacto en la economía a corto plazo “podría” producirse, aunque no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”, en referencia a las sanciones estadounidenses.

Las reformas forman parte de un paquete de 176 medidas aprobado por el Parlamento el 18 de junio, una apertura económica anunciada por el régimen desde el Período Especial de los noventa. Llegan en medio de una crisis que se arrastra desde hace seis años y que se agravó en enero, cuando Washington impuso, mediante una orden ejecutiva, un bloqueo a las exportaciones de combustible hacia la isla, al que se sumaron sanciones adicionales para forzar cambios políticos.

El dictador Miguel Díaz-Canel defendió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que las transformaciones no equivalen a una apertura al capitalismo. “No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional [...] Nada más alejado del sentido de las transformaciones”, aseguró, y descartó privatizar la salud, la educación o los “servicios estratégicos” del país.

El régimen sostiene que en la isla operan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas privadas, cifra difundida en julio junto al anuncio de la apertura de gasolineras y farmacias al capital privado. Los registros de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sin embargo, contabilizaban 9.550 mipymes en marzo, casi 40% menos. Según su Encuesta Nacional de Ocupación, el sector no estatal emplea al 31,5% de los 4,14 millones de ocupados del país.

El Decreto-Ley 130 detalla que el usufructo podrá concederse “a título gratuito u oneroso” y prorrogarse por otros 99 años si el titular lo solicita con dos años de antelación al vencimiento. También autoriza el derecho de superficie, mediante el cual el Estado puede entregar terrenos a perpetuidad a cambio de un pago, y permite que propietarios de solares yermos lo cedan para levantar viviendas u otras construcciones.

En turismo, el Decreto-Ley 128 habilita al sector privado a crear agencias de viajes de cualquier tamaño y reduce al 25% el impuesto sobre utilidades de proyectos de ecoturismo en zonas de conservación, además de eliminar aranceles para importar equipamiento destinado a esa actividad. El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que regiones como Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata reúnen ahora “un grupo de elementos” que amplían esa modalidad, promovida desde hace décadas sin marco legal específico.

La Gaceta Oficial No. 73 que recoge estas normas incluye además resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco Central sobre su aplicación. El régimen prevé publicar en las próximas semanas el resto de las normativas del paquete de 176 medidas, entre ellas las referidas al sistema bancario y al mercado cambiario, dos de los frentes más sensibles de la reforma en curso.